El Gobierno eleva la edad en que empiezan a extinguirse los abusos de los 18 a los 30 años. Los menores de 14 no declararán más de una vez en el proceso judicial.

El plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores comenzará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora. Este es uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes en primera lectura. La medida responde a una de las principales peticiones de las víctimas de delitos sexuales, aunque las organizaciones de infancia habían solicitado que el tiempo comenzara a correr a los 50.

El texto recoge también que los menores de 14 años no tendrán que declarar más de una vez durante el proceso judicial, si bien las asociaciones habían pedido que esa eximente se extendiera hasta los 16. Además, el texto supone un cambio de paradigma y sitúa a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos subjetivos.

El 62% de los homicidios son de hombres a hombres; el 28%, de hombres a mujeres; el 7%, de mujeres a hombres; y el 3%, de mujeres a mujeres

Ha sido “una tarea de amanuenses de monasterio”, asegura el psicólogo José Luis González. A lo largo de tres años, su equipo, compuesto por medio centenar de investigadores, ha obtenido los atestados policiales de 632 homicidios que estaban “criando polvo en las estanterías” de las comisarías provinciales y ha extraído decenas de variables nunca estudiadas. El resultado es “el primer informe nacional sobre el homicidio en España”, un análisis del Ministerio del Interior que aporta 85 páginas de datos a un fenómeno invadido por eslóganes alarmistas y proclamas racistas. “Esto es ciencia, no política”, sentencia González.

Juana Azcárate forma parte de un equipo de psicólogas contratadas por el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Se ocupan de la atención psicológica de las víctimas de delitos violentos: violencia de género y agresiones sexuales sobre todo (más de un 80% del total). También tratan a los agresores.

Su labor comienza con una llamada del 112, de las diferentes policías o colectivos de ayuda a mujeres. También desde Atención Primaria o Servicios Sociales, cuando los profesionales sospechan. Y por supuesto a partir de cualquier denuncia presentada, aunque “a veces llegan sin denunciar. Desde el primer momento les ayudamos a que se recuperen, a que vuelvan a ser independientes. Y las animamos a que denuncien para establecer una barrera con el agresor, pero no obligamos”, apunta Azcárate.