19 y 20 de agosto de 2019

Este Curso de Verano abordará una temática de gran alarma social, la violencia de género y la violencia sexual en adultos y en adolescentes. Se analizará la evidencia empírica nacional e internacional existente en torno a la violencia en parejas adolescentes, y los programas de intervención con víctimas y agresores. Por último, se tratará la evaluación y gestión de riesgo de violencia. Dichas temáticas serán presentadas por expertos en la materia, de forma precisa y clara, siendo de interés para el público en general, así como estudiantes, profesores y profesionales interesados en la materia.

Contenidos específicos:

  • Violencia de género y sexual: cifras, situación actual, legislación, retos y necesidades.
  • Violencia de género en adolescentes: inicios, indicadores psicológicos/físico/sexuales, factores de riesgo, iniciativas de prevención.
  • Programas de intervención para víctimas de violencia de género y sexual.
  • Evaluación y gestión del riesgo de violencia: reincidencia, homicidio, gestión policial.

La prevalencia de los trastornos de la salud mental es hasta siete veces mayor entre la población reclusa y se calcula que hasta el 40% de los presos padece una patología mental. A pesar de ello, las organizaciones que trabajan en prisiones denuncian la ausencia de psiquiatras en las cárceles.

Así lo asegura a Efe el director de Àmbit. Dignidad y Justicia Social, Javier Vilalta, responsable de una entidad que desarrolla programas destinados a la recuperación y la promoción de la autonomía de los presos y expresos en la cárcel de Picassent (Valencia), muchos de ellos con problemas de salud mental.

Destaca el gran problema de «puertas giratorias» que existe en España con los reclusos que padecen algún tipo de trastorno mental y que, al no ser correctamente diagnosticados ni tratados en prisión, al obtener la libertad, recaen y vuelven a cometer algún delito que les lleva de nuevo a la cárcel.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado en una renciente sentencia (STS119/2019, de 6 de marzo) una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. Y en este caso concreto analizado en la sentencia, en los casos de víctimas de delitos de violencia de género, destacando entre otros factores a considerar la percepción de la seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa, la concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa, la claridad expositiva ante el tribunal, el “lenguaje gestual” de convicción.

La Policía estrena este miércoles el nuevo protocolo Viogen, elaborado por el Ministerio de Interior para mejorar la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y su seguridad, con un seguimiento de cada caso que, de manera específica, incluye el riesgo de los niños. La policía evaluará el riesgo los menores víctimas de violencia machista, que será calificado como «bajo», «medio», «alto» o «extremo», de forma independiente al de la madre, y se les aplicarán las medidas de protección correspondientes con la citada evaluación.

Algunos psiquiatras apuestan por obligar al tratamiento en los casos muy graves, como el del parricida de La Guindalera.

No hay estudios científicos que vinculen la violencia con la enfermedad mental. De hecho, por el estigma y la discriminación que sufren estas personas debido al desconocimiento social, son ellas las víctimas de ataques verbales y físicos. Eso repite como un mantra el movimiento asociativo, familiares y expertos. Recuerdan que el 97% de estos sujetos llevan una vida completamente normal y que menos del 3% cometen un acto violento, una cifra cinco veces inferior al resto de la población. Así lo asegura Olga Real Najarro, presidenta de la Federación de Salud Mental de Madrid.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) han publicado el manual Prevención del suicidio: un recurso para los profesionales de los medios de comunicación. Se trata de una actualización de un documento previo publicado por la OMS en el año 2000, a través del cual se pretenden difundir buenas prácticas en la elaboración de noticias y otros informes relacionados con esta problemática.

El manual está dirigido tanto a los grupos sociales que trabajan en este ámbito como a los profesionales de la comunicación y en él se describe el impacto de las noticas sobre suicidios en la población y se formulan sugerencias para una práctica del periodismo responsable, que ayude a la prevención de este serio problema de salud pública.