El abuso infantil o abuso sexual es prevenible. Es importante que los padres se mantengan atentos a los signos que desvelan que su hija o hijo puede estar sufriendo abuso sexual. También es fundamental que eduquen a los niños desde una edad temprana para detectar este tipo de situaciones y prevenirlas. Existen algunas pautas que pueden ayudarte a preparar a tu hijo, te las compartimos.

(Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid)

El contenido que se desarrolla en el presente texto pretende introducir al lector adulto en el complejo mundo de las relaciones entre iguales y, de modo singular, en el controvertido tema de los conflictos de convivencia y trato que pueden observarse entre alumnos en el contexto de los centros educativos, con especial incidencia, asimismo, en la prevención de los comportamientos que vienen a señalarse como de maltrato entre  iguales. El creciente número de casos detectados en los que se dan de manera insistente muestras palpables de acoso y abuso de unos alumnos para con otros requiere de la profunda reflexión de todos y, por supuesto, del colectivo de padres y madres que forman hoy parte esencial de las comunidades educativas.

El protocolo que aquí se presenta se plantea como un instrumento que persigue elaborar informes ágiles, homogéneos, sólidamente sustentados, que proporcionen al profesional seguridad en la toma de decisiones. Se busca prestar un servicio público pericial forense de calidad, comprometido con la buena práctica profesional, con el objetivo prioritario de contribuir, desde su ámbito de actuación, a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.

Consejo Médico Forense. Protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de género. Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica. Madrid, 2020.

 

Derechos y necesidades de las víctimas de abusos

Primero de todo, el problema se plantea, aquí y en otros países, en relación con casos que, en general, han pasado hace muchos años y la justicia penal llega tarde, ya que los delitos están prescritos. Muy a menudo las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas, centran su lucha en conseguir que se alarguen los plazos legales para el cómputo de la prescripción. Es una muestra más de la confianza que muchos ciudadanos, alentados por muchos líderes políticos, ponen en la justicia penal y que, en muchos casos, no puede llevar más que a nuevas decepciones.

Las razones son diversas y claras. Una es estrictamente jurídica: una modificación del régimen legal de la prescripción no puede ser aplicada retroactivamente a casos ya prescritos y sabemos que los abusos de los que tratamos son en gran medida hechos del pasado. Otros son fácticas: aunque los delitos no prescriban nunca, los autores de los hechos pueden haber muerto, no estar en condiciones de hacer frente al proceso penal o a la pena, pueden no ser puestos a disposición de la justicia o los hechos pueden no resultar probados, generando en las víctimas más sufrimiento.

Abstract

Objetivo: Este estudio evaluó la eficacia diferencial a largo plazo de un programa de tratamiento para agresores de violencia hacia la pareja (IPV),)  dependiendo de haber sufrido o no violencia familiar infantil (CFV).

Método:  Se incluyó una muestra de 1.008 agresores masculinos en el estudio. En la evaluación pretratamiento se realizaron comparaciones entre maltratadores con CFV (n= 339) y sin CFV (n= 669) sobre características sociodemográficas y variables psicopatológicas. La eficacia diferencial del tratamiento se evaluó en el post-tratamiento, y en el seguimiento a un año.  

Resultados: La evaluación previa al tratamiento mostró que los agresores con CFV tenían un nivel de educación más bajo, tasas más altas de antecedentes psiquiátricos previos y el acceso voluntario al tratamiento. Además, iniciaron el programa de tratamiento con más síntomas psicopatológicos, evaluados a través del SCL-90-R y el STAXI-2. En cuanto a los resultados del tratamiento, las tasas no alcanzaron diferencias significativas entre los grupos. Las medidas repetidas ANOVA evidenciaron una mejora estadísticamente significativa en los síntomas psicopatológicos en la mayoría de las variables para ambos grupos. Sin embargo, las comparaciones entre grupos sobre síntomas psicopatológicos mostraron que los agresores con CFV se vieron afectados en un grado significativamente mayor en muchas variables en el post-tratamiento y en el seguimiento, aunque no se encontraron diferencias en las tasas globales de resultados del tratamiento.

Discusión:  Esta investigación pone de relieve la heterogeneidad de los agresores masculinos de la IPV y la progresión diferencial a lo largo de los programas de tratamiento de acuerdo con la presencia de CFV.

En España los estudios sobre adolescentes que han cometido algún delito sexual son casi inexistentes. Según el Ministerio del Interior, la tasa anual de delitos sexuales llevados a cabo por adolescentes está en torno al 7% del total de este tipo delitos. Aunque no supone un porcentaje muy elevado, es importante centrar la atención en los factores de riesgo relacionados con estas conductas a tan temprana edad para poder abordarlos adecuadamente dentro de programas de prevención e intervención. No es posible establecer un único perfil para estos adolescentes debido a su gran heterogeneidad, pero sí que hay algunas características que se dan con cierta regularidad en esta población.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad han presentado los Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Se trata de un documento estratégico que trata de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, de tal forma que se envite la discriminación, se iguales sus derechos a los del resto de la población y puedan ejercer plenamente su derecho de capacidad jurídica.

La adolescencia es una etapa compleja de la vida, en la que culmina la construcción de la identidad propia, incluida la sexualidad, y en la que el entorno digital es un espacio más de la realidad que viven quienes están en esta etapa.

La tecnología no ha generado la pornografía, pero sí la ha hecho más accesible. El auge de la “nueva pornografía” accesible, ilimitada (tanto en contenido como en tipo de prácticas), anónima e interactiva, se ha convertido en una pieza más de la sexualidad adolescente, que afecta a su forma de relacionarse y puede derivar en conductas de riesgo o nocivas.

Así lo advierte Save The Children en un nuevo informe a través del cual analiza el consumo de contenidos sexuales entre los y las adolescentes y el impacto que estos tienen en el desarrollo y las relaciones con sus iguales.

La cercanía del agresor sexual respecto a la víctima, la falta de informes psicológicos forenses que incluyan el daño a la integridad del menor o la necesidad de mejora de la formación de los profesionales del ámbito jurídico y educativo son algunos de los datos extraídos del estudio sobre la Respuesta judicial a la violencia sexual a niños y niñas en España.

El estudio, realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), se enmarca en las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 para mejorar la respuesta de las administraciones públicas contra la violencia hacia los niños y niñas y en especial, contra la violencia sexual.

La mitad de los agresores sexuales a niños y niñas son un miembro de su familia y el 64% de las víctimas tienen menos de 12 años, según un estudio de 400 sentencias sobre la violencia sexual infantil presentado hoy por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Sigue siendo una de las violencias más silenciadas, pero cada vez más investigaciones intentan arrojar luz a la realidad de la violencia sexual hacia los menores de edad. El Ministerio de Igualdad ha presentado este viernes el Estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, que analiza 400 sentencias dictadas entre 2010 y 2019 por audiencias provinciales de todo el país; un 75% condenatorias.