La adolescencia es una etapa compleja de la vida, en la que culmina la construcción de la identidad propia, incluida la sexualidad, y en la que el entorno digital es un espacio más de la realidad que viven quienes están en esta etapa.

La tecnología no ha generado la pornografía, pero sí la ha hecho más accesible. El auge de la “nueva pornografía” accesible, ilimitada (tanto en contenido como en tipo de prácticas), anónima e interactiva, se ha convertido en una pieza más de la sexualidad adolescente, que afecta a su forma de relacionarse y puede derivar en conductas de riesgo o nocivas.

Así lo advierte Save The Children en un nuevo informe a través del cual analiza el consumo de contenidos sexuales entre los y las adolescentes y el impacto que estos tienen en el desarrollo y las relaciones con sus iguales.

La cercanía del agresor sexual respecto a la víctima, la falta de informes psicológicos forenses que incluyan el daño a la integridad del menor o la necesidad de mejora de la formación de los profesionales del ámbito jurídico y educativo son algunos de los datos extraídos del estudio sobre la Respuesta judicial a la violencia sexual a niños y niñas en España.

El estudio, realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), se enmarca en las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 para mejorar la respuesta de las administraciones públicas contra la violencia hacia los niños y niñas y en especial, contra la violencia sexual.

La mitad de los agresores sexuales a niños y niñas son un miembro de su familia y el 64% de las víctimas tienen menos de 12 años, según un estudio de 400 sentencias sobre la violencia sexual infantil presentado hoy por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Sigue siendo una de las violencias más silenciadas, pero cada vez más investigaciones intentan arrojar luz a la realidad de la violencia sexual hacia los menores de edad. El Ministerio de Igualdad ha presentado este viernes el Estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, que analiza 400 sentencias dictadas entre 2010 y 2019 por audiencias provinciales de todo el país; un 75% condenatorias.

Save the Children es una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas. Nuestro marco de referencia es la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño. Por tanto, prevenir toda forma de violencia contra los niños y niñas es una de las obligaciones prioritarias de nuestro trabajo. El Programa de Sensibilización y Prevención del Abuso Sexual Infantil que la organización viene desarrollando desde el año 1997 es la respuesta a una necesidad social detectada. Es un programa de prevención primaria y como tal, su objetivo es garantizar la sensibilización y formación de los agentes sociales implicados en el tema.

En el presente curso se pretende profundizar a nivel teórico y práctico sobre la violencia de género. Además de definirla e identificar sus diferentes tipos e innumerables consecuencias, se revisaran algunos modelos teóricos que explican la vulnerabilidad de las víctimas y su permanencia en una relación violenta y se analizaran factores protectores y de riesgo, tanto de las víctimas como de los victimarios.

Los programas de intervención con agresores sexuales que se realizan en Navarra son llevados a cabo por PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y Forense a través del Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Estos programas son una adaptación del programa que viene desarrollando Instituciones Penitenciarias en sus Centros Penitenciarios de manera interna (PCAS).

En los programas de intervención con víctimas de violencia sexual estudiaremos a la víctima, la sintomatología que puede presentar, especialmente el estrés postraumático. Cómo evaluar esa sintomatología y el tratamiento terapéutico que podemos realizar, siempre teniendo en cuenta el proceso judicial en que puede estar inmersa y que va a afectar en distintos grados a su recuperación.