Alrededor de 350 presos condenados por agresión sexual se someten cada año a programas terapéuticos en las cárceles que buscan evitar que reincidan una vez salgan de prisión, un proceso que empieza con el reconocimiento del delito y una pregunta que se hacen todos ellos: ¿Por qué lo he hecho?.

«Esa es la pregunta que me hacen todos: Necesito que me ayudes a saber por qué he hecho eso'», explica Isabel (nombre ficticio), psicóloga de una prisión madrileña, en una entrevista con Efe, en la que explica que la clave para afrontar esta terapia pasa en primer lugar por el reconocimiento del delito cometido y la detección de los factores de riesgo.

En grupos de 20 personas y a través de sesiones conjuntas e individuales, esta psicóloga conduce a los presos por un largo y duro camino de dos años de duración en los que «metemos las manos en las tripas, las sacamos, hablamos del delito, confrontamos y luego las recomponemos y las volvemos a meter».

El riesgo de suicidio en prisión es ocho veces más elevado que en la calle. El sistema penitenciario, más reeducativo que terapéutico, no siempre responde a las necesidades de los presos enfermos y, tanto la reinserción como la recuperación, se enquistan.

No hay mucho lugar en prisión para la buena salud mental. La cárcel es, per se, “iatrogénica”, explican los expertos. Es decir, hostil y provoca efectos adversos indeseados: el choque emocional de entrar —con el aislamiento social, la reclusión obligada y la frustración que lo acompaña— favorece el debut de trastornos mentales o la exacerbación de los cuadros ya existentes. Todo juega en contra, explica Alfredo Calcedo, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal: “En un centro penitenciario hay unas normas regimentales que regulan la vida en prisión. Cuando hay alguien con un trastorno mental, no encaja porque la prisión es un sistema reeducativo, no de tratamiento de la salud mental. Y cuando uno no encaja, la respuesta es disciplinaria, no terapéutica. Y se atasca el problema”.

Esther Aldave, Mikel Lizarraga, Camino Bueno, Mikel Códoba, Josean Echauri, Ana Carmona e Izaskun Gartzaron han sido las designadas.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo santos, ha firmado este jueves una orden foral por la que nombra a las siete personas representantes de la Comisión de reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica. La comisión, que se constituirá formalmente en el plazo de un mes, se crea al amparo del artículo 7 de la Ley Foral 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra.