Existe una amplia investigación internacional sobre la eficacia delos programas de tratamiento para agresores de pareja. En España, el Programa de Intervención con Agresores en Materia de Violencia de Género (PRIA) ha mostrado una tasa de reincidencia del 7% para aquellos usuarios que terminan el programa, índice similar al que ofrecen otros estudios internacionales. Uno de los factores que influyen en la eficacia del tratamiento es la finalización del programa.

 

8 de cada 10 sujetos que salieron de prisión en 2015 no han vuelto a reingresar por ningún delito cometido con posterioridad a la fecha de excarcelación, durante el periodo de seguimiento de 5 años (de 2015 a 31 de diciembre de 2019).

Respecto a las personas multirreincidentes, se ha detectado que el 8 % de personas son responsables del 80 % de las reincidencias.

No es fácil recuperar a un delincuente sexual antes de que pise de nuevo la calle. Es un proceso complejo, que se puede alargar durante casi dos años y que implica todo un descenso a los infiernos de los penados. Pero se puede. Lo sabe por experiencia Josean Echauri, fundador de Psimae –Instituto de Psicología Jurídica y Forense SLP–. Su equipo es el encargado de ejecutar el programa de tratamiento con agresores en el Centro Penitenciario de Pamplona. Terapias que, por lo general, dan buenos frutos. Según los datos manejados por Instituciones Penitenciarias, solo un 4,3% de los presos que han atentado contra la libertad sexual y que se someten a estos planes vuelven a cometer el mismo tipo de delitos.

Históricamente, la violencia y las adicciones han estado ligadas en el imaginario popular. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que certifique esta relación. Y yendo aún más lejos, mucha menos que avale el otro giro del boomerang: hasta qué punto ejercer la violencia o haberla sufrido puede llevar a una persona a caer en una adicción.

Alrededor de 350 presos condenados por agresión sexual se someten cada año a programas terapéuticos en las cárceles que buscan evitar que reincidan una vez salgan de prisión, un proceso que empieza con el reconocimiento del delito y una pregunta que se hacen todos ellos: ¿Por qué lo he hecho?.

«Esa es la pregunta que me hacen todos: Necesito que me ayudes a saber por qué he hecho eso'», explica Isabel (nombre ficticio), psicóloga de una prisión madrileña, en una entrevista con Efe, en la que explica que la clave para afrontar esta terapia pasa en primer lugar por el reconocimiento del delito cometido y la detección de los factores de riesgo.

En grupos de 20 personas y a través de sesiones conjuntas e individuales, esta psicóloga conduce a los presos por un largo y duro camino de dos años de duración en los que «metemos las manos en las tripas, las sacamos, hablamos del delito, confrontamos y luego las recomponemos y las volvemos a meter».

El riesgo de suicidio en prisión es ocho veces más elevado que en la calle. El sistema penitenciario, más reeducativo que terapéutico, no siempre responde a las necesidades de los presos enfermos y, tanto la reinserción como la recuperación, se enquistan.

No hay mucho lugar en prisión para la buena salud mental. La cárcel es, per se, “iatrogénica”, explican los expertos. Es decir, hostil y provoca efectos adversos indeseados: el choque emocional de entrar —con el aislamiento social, la reclusión obligada y la frustración que lo acompaña— favorece el debut de trastornos mentales o la exacerbación de los cuadros ya existentes. Todo juega en contra, explica Alfredo Calcedo, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal: “En un centro penitenciario hay unas normas regimentales que regulan la vida en prisión. Cuando hay alguien con un trastorno mental, no encaja porque la prisión es un sistema reeducativo, no de tratamiento de la salud mental. Y cuando uno no encaja, la respuesta es disciplinaria, no terapéutica. Y se atasca el problema”.

El programa de Violencia de Género ha contado con 241 atendidos, el programa específico de Agresores Sexuales ha sumado 22 y el de Violencia Doméstica un total de ocho personas.

Se trata de la cifra más alta desde que se comenzaron a desarrollar los programas en 2005, con 49 atendidos en aquel año, y con un aumento del 10,7% respecto a los 245 atendidos de 2020. El 80% de las personas atendidas lo fueron en programas ambulatorios, fuera del recinto penitenciario, mientras que el 20% restante siguieron el programa en prisión, al que se accede a través de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Pamplona, siempre de forma voluntaria, y está dirigido tanto a presos que se encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados como aquellos que ya están condenados por sentencia judicial.

La pregunta, en síntesis, puesto que la elaboración por parte de quien la emitió, que no era otro que uno de los jueces de Vigilancia Penitenciaria de España en el encuentro que les reunió esta semana en Pamplona, decía tal que así: «¿Hay malos de maldad por naturaleza y es frustrante trabajar cuando te encuentras con un sujeto de ese tipo?». Iba dirigida la cuestión a los profesionales de la psicología que trabajan en Pamplona con todo tipo de presos, y realizan los programas de intervención y tratamiento con maltratadores y agresores sexuales.

Los programas de intervención terapéutica con población reclusa en los centros penitenciarios se encuentran ya implementados en la mayoría de prisiones del Estado y los especialistas que tratan con los internos alcanzan resultados coincidentes en sus análisis. En el encuentro de jueces de Vigilancia Penitenciaria que se está celebrando desde el miércoles hasta hoy en el Palacio del Condestable de Pamplona varios expertos coincidieron en señalar que el camino a la reinserción social de la población penitenciaria discurre desde luego por la participación en dichas terapias de intervención.

Uno de los últimos programas de tratamiento que se han implementado con internos de la prisión de Pamplona es el que se encarga de reeducar a los agresores sexuales, que desde hace años se ejercía con aquellos condenados que no hubieran tenido que ingresar en la cárcel. En abril de 2021, merced a un convenio entre el Ejecutivo foral y el Ministerio de Interior, llegó el programa a la cárcel navarra.