Históricamente, la violencia y las adicciones han estado ligadas en el imaginario popular. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que certifique esta relación. Y yendo aún más lejos, mucha menos que avale el otro giro del boomerang: hasta qué punto ejercer la violencia o haberla sufrido puede llevar a una persona a caer en una adicción.

Alrededor de 350 presos condenados por agresión sexual se someten cada año a programas terapéuticos en las cárceles que buscan evitar que reincidan una vez salgan de prisión, un proceso que empieza con el reconocimiento del delito y una pregunta que se hacen todos ellos: ¿Por qué lo he hecho?.

«Esa es la pregunta que me hacen todos: Necesito que me ayudes a saber por qué he hecho eso'», explica Isabel (nombre ficticio), psicóloga de una prisión madrileña, en una entrevista con Efe, en la que explica que la clave para afrontar esta terapia pasa en primer lugar por el reconocimiento del delito cometido y la detección de los factores de riesgo.

En grupos de 20 personas y a través de sesiones conjuntas e individuales, esta psicóloga conduce a los presos por un largo y duro camino de dos años de duración en los que «metemos las manos en las tripas, las sacamos, hablamos del delito, confrontamos y luego las recomponemos y las volvemos a meter».

El riesgo de suicidio en prisión es ocho veces más elevado que en la calle. El sistema penitenciario, más reeducativo que terapéutico, no siempre responde a las necesidades de los presos enfermos y, tanto la reinserción como la recuperación, se enquistan.

No hay mucho lugar en prisión para la buena salud mental. La cárcel es, per se, “iatrogénica”, explican los expertos. Es decir, hostil y provoca efectos adversos indeseados: el choque emocional de entrar —con el aislamiento social, la reclusión obligada y la frustración que lo acompaña— favorece el debut de trastornos mentales o la exacerbación de los cuadros ya existentes. Todo juega en contra, explica Alfredo Calcedo, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal: “En un centro penitenciario hay unas normas regimentales que regulan la vida en prisión. Cuando hay alguien con un trastorno mental, no encaja porque la prisión es un sistema reeducativo, no de tratamiento de la salud mental. Y cuando uno no encaja, la respuesta es disciplinaria, no terapéutica. Y se atasca el problema”.

El programa de Violencia de Género ha contado con 241 atendidos, el programa específico de Agresores Sexuales ha sumado 22 y el de Violencia Doméstica un total de ocho personas.

Se trata de la cifra más alta desde que se comenzaron a desarrollar los programas en 2005, con 49 atendidos en aquel año, y con un aumento del 10,7% respecto a los 245 atendidos de 2020. El 80% de las personas atendidas lo fueron en programas ambulatorios, fuera del recinto penitenciario, mientras que el 20% restante siguieron el programa en prisión, al que se accede a través de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Pamplona, siempre de forma voluntaria, y está dirigido tanto a presos que se encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados como aquellos que ya están condenados por sentencia judicial.

La pregunta, en síntesis, puesto que la elaboración por parte de quien la emitió, que no era otro que uno de los jueces de Vigilancia Penitenciaria de España en el encuentro que les reunió esta semana en Pamplona, decía tal que así: «¿Hay malos de maldad por naturaleza y es frustrante trabajar cuando te encuentras con un sujeto de ese tipo?». Iba dirigida la cuestión a los profesionales de la psicología que trabajan en Pamplona con todo tipo de presos, y realizan los programas de intervención y tratamiento con maltratadores y agresores sexuales.

Los programas de intervención terapéutica con población reclusa en los centros penitenciarios se encuentran ya implementados en la mayoría de prisiones del Estado y los especialistas que tratan con los internos alcanzan resultados coincidentes en sus análisis. En el encuentro de jueces de Vigilancia Penitenciaria que se está celebrando desde el miércoles hasta hoy en el Palacio del Condestable de Pamplona varios expertos coincidieron en señalar que el camino a la reinserción social de la población penitenciaria discurre desde luego por la participación en dichas terapias de intervención.

Uno de los últimos programas de tratamiento que se han implementado con internos de la prisión de Pamplona es el que se encarga de reeducar a los agresores sexuales, que desde hace años se ejercía con aquellos condenados que no hubieran tenido que ingresar en la cárcel. En abril de 2021, merced a un convenio entre el Ejecutivo foral y el Ministerio de Interior, llegó el programa a la cárcel navarra.

Background

El consumo problemático de alcohol (PAU) está altamente correlacionado con las conductas de violencia en la pareja (IPV). Sin embargo, cuando se evalúan los tratamientos para los agresores de IPV que abordan el consumo de alcohol, los resultados son variados. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue evaluar la efectividad diferencial a largo plazo de un programa de tratamiento individual estándar para agresores de IPV dependiendo de la presencia de PAU.

Método

La muestra estuvo compuesta por 641 agresores masculinos de IPV que completaron un programa especializado de tratamiento individual para agresores de violencia de género. Todos los participantes fueron seguidos durante un año después de la finalización del tratamiento.

Resultados

Los efectos de la PAU sobre el éxito del tratamiento se evaluaron mediante análisis de regresión logística múltiple. El modelo completo era fiable (χ2 = 10,243; df = 3; p = .016), y en general, el 88,8% de las predicciones fueron precisas. Los hallazgos indicaron que la probabilidad de éxito del tratamiento no depende de la presencia de PAU.

Conclusiones

La relación entre la perpetración de IPV y la PAU es altamente compleja, y varios mecanismos subyacentes deben evaluarse más a fondo. En consecuencia, las intervenciones no solo deben detectar el consumo de alcohol, sino también todas las características individuales que podrían requerir un tratamiento personalizado.

Un reciente estudio sobre violencia sexual desmonta la creencia de que la mayoría de las violaciones se producen en la calle, de noche y con el asalto por sorpresa y con violencia. En esta investigación ha participado la socióloga y profesora de la Universidad de Jaén Carmen Ruiz Repullo.

La experta explica que «investigaciones de este tipo sirven para que tengamos conciencia y cuestionemos los mitos que socialmente se van construyendo y hacen que desviemos el foco» de esta realidad. En esta línea, señala que «más del 80% de las violaciones son de personas conocidas por las víctimas», y «la mayoría de las agresiones ocurren dentro del hogar».

Sobre el perfil del agresor, ha dicho que «también hay otro mito porque muchas veces podemos tener la idea de que es una persona reincidente y que ejerce fuerza física, e incluso utiliza un arma». Sin embargo, apunta: «Lo que hemos visto es que solo un 1,7% de los agresores tenía antecedentes por agresiones sexuales».

Con el objetivo de analizar y comprender el abuso sexual en la infancia y adolescencia en España, la Fundación ANAR ha realizado el primer estudio que aborda la evolución de este silenciado problema en los últimos 11 años desde el punto de vista de las víctimas, y que arroja luz sobre asuntos como el perfil de éstas y de los agresores, las formas de abuso, las reacciones del entorno, los síntomas o las consecuencias, entre otros.

La tasa de crecimiento de los casos de abuso fue de un 300,4%, lo que indica que se han multiplicado por 4, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 casos en 2020. Además, mientras que el incremento anual del número de casos fue de un 14,3% de media, en los últimos 5 años se ha disparado al 20,5%, aumentando especialmente los abusos a través de las tecnologías: Grooming (36,7% de crecimiento anual) y Sexting (25,0%).