El abuso de la pornografía en menores enlaza las ideas de violencia y placer, según Josean Echauri, de Psimae.

Con más de un año de recorrido a las espaldas, ha quedado constatado que la pandemia ha afectado a todos los niveles de la vida y de la sociedad de forma negativa, también en el campo de los delitos sexuales. En este sentido, los expertos han advertido un aumento significativo en las conductas de abusos sexuales en la infancia, siendo estos cometidos en el 80% de las ocasiones por parte del entorno cercano –familiares en la gran mayoría de los casos– del menor.

Así lo expuso Josean Echauri Tijeras, doctor en Psicología y responsable de PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y Forense, quien alertó también de que la pandemia ha agravado los delitos de violencia de género. En esta línea, si bien en un principio el confinamiento establecido en marzo de 2020 para frenar la expansión de la covid-19 hizo que cayeran los asaltos a las personas en lugares públicos ante la imposibilidad de salir de casa, esto también supuso un arma de doble filo en cuanto a que los delitos que tienen que ver con la intimidad del hogar crecieron exponencialmente.

El Centro Penitenciario de Pamplona cuenta desde el pasado mes de abril con un programa de terapia psicológica para agresores sexuales que se encuentren presos, dando así respuesta a la demanda transmitida tanto desde Instituciones Penitenciarias como desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Este servicio, adjudicado al Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense y que estará en vigor hasta 2024, ya se venía ofreciendo desde hace una década a condenados en régimen ambulatorio con sentencia judicial. Ahora, se ha extendido a la cárcel de la capital navarra en el que actualmente participan de forma voluntaria nueve reos condenados por agresión sexual o delitos contra la libertad sexual, previamente seleccionados por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario.

La intervención con agresores sexuales que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Iruñea «va a la raíz del problema», sostiene el sicólogo del servicio Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense, Josean Etxauri, quien subraya que la terapia orientada a agresores sexuales acaba siendo «un sistema preventivo para las propias víctimas».

Programas de intervención con agresores sexuales en el Centro Penitenciario de Pamplona

Francisco López-Muñoz, Universidad Camilo José Cela  y Cecilio Álamo González, Universidad de Alcalá

Las conductas agresivas y violentas constituyen un problema de gran envergadura en la sociedad actual. Se estima que su prevalencia en la población general es del 25 % y se ha constatado que el sujeto agresivo suele estar incapacitado para mantener unas adecuadas relaciones sociales, laborales y familiares.

A pesar de su trascendencia, la naturaleza íntima de las conductas agresivas es bastante desconocida. Su génesis es múltiple: participan factores ambientales, de predisposición hereditaria y neurobiológicos. Durante las tres últimas décadas se han multiplicado las investigaciones neuroanatómicas y neuroquímicas que han tratado de dar luz al conocimiento de las bases biológicas de la agresividad.

¿Qué opinión tienen los jóvenes sobre la violencia de género, la prostitución o el acoso reiterado? Estas son algunas de las preguntas que ha intentado responder el informe Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de poder desarrollar programas de prevención de la violencia y elaborar políticas ajustadas a las necesidades y percepciones de este grupo.

En el estudio han participado alrededor de 1.500 jóvenes entre 14 y 17 años pertenecientes a 18 institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, que respondieron a una encuesta sobre sus percepciones, actitudes y vivencias en torno a la violencia basada en el género.

54 cardenales, obispos y curas encubrieron episodios de abusos en las últimas décadas.

España es un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal (CEE), que a diferencia de los obispos de otros países se ha negado a investigarlo, ha mantenido que apenas tiene constancia de casos, que tampoco maneja cifras y que, de todas formas, son pocos. EL PAÍS comenzó a investigar en 2018 cuál era el impacto real de esta lacra, que ya había salido a la luz a través de los medios en muchos países. Tras una petición de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el balance fue de solo 34 casos y 80 víctimas en cuatro décadas. Después comenzó a publicar casos y emergieron muchos más. Dos años y medio después, tras un largo trabajo de revisión y clasificación, aporta ahora la primera base de datos de referencia en España sobre este fenómeno, que se puede consultar aquí.

Esta iniciativa, que en esta primera edición concluirá en 2022 pero que tiene visos de continuidad, será gestionada por personal del Instituto de Psicología Jurídica y Forense PSIMAE, adjudicatario del contrato para la atención terapéutica a víctimas y agresores de diferentes tipos de violencia, licitado por la Dirección General de Justicia.

Objetivo: Este estudio explora el perfil psicopatológico diferencial entre agresores de violencia hacia pareja (VPI) con y sin consumo problemático de alcohol (PAU).

Método: participó una muestra de 981 hombres de un programa de tratamiento especializado para agresores de VPI. Todos ellos fueron evaluados con el Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), el State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2) y el Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III). Se realizaron comparaciones entre agresores con (n =125) y sin (n =856) PAU en todas las variables estudiadas.

Resultados: Los agresores con PAU tenían menor tasa de empleo y presentaban mayores tasas de antecedentes psiquiátricos y de violencia familiar en la infancia. Además, presentaban mayores niveles de pensamientos distorisonados sobre lafigura de la mujer y la utilización de la violencia. A nivel psicopatológico, los participantes con PAU presentaron puntuaciones significativamente más altas en el SCL- 90-R, en el STAXI-2, y en casi todas las escalas del MCMI-III que aquellos sin PAU. Los análisis de regresión logística multivariante mostraron que las principales variables relacionadas con la PAU eran las siguientes: niveles más altos de antecedentes psiquiátricos, pensamientos distorsionados sobre las mujeres, depresión, drogodependencia y diversos trastornos de la personalidad (bipolar, distimia, antisocial, evitativo, límite y esquizotípico); y puntuaciones más bajas en control interno, reacción de ira, ideación paranoide y trastornos esquizoides de la personalidad.

Discusión: Los agresores de VPI con PAU tienen un perfil psicopatológico más grave que los que no tienen PAU. Además, varias variables junto con la PAU pueden haber contribuido al desarrollo de la IPV. Por lo tanto, deben desarrollarse intervenciones a medida para los agresores con PAU.

La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.