El Tribunal Supremo ha marcado el camino a los jueces españoles a la hora de sentenciar en torno a una agresión mutua en el seno de una pareja o expareja. Si hay pruebas suficientes para condenar, el hombre tendrá que ser condenado por delitos relacionados con la violencia machista y la mujer con la violencia doméstica o familiar, con las diferencias a nivel penológico que existen entre ambos.

El pleno de la sala segunda ha establecido esta línea de actuación resolviendo el caso de una pareja que en diciembre de 2017 protagonizó una agresión mutua en la puerta de una discoteca de Zaragoza cuando ella quería marcharse a casa y él quedarse más tiempo. Los dos se agredieron a puñetazos y el Supremo ha decidido que él debe ser condenado a seis meses de cárcel y ella a tres, la mitad.

“España se encuentra entre los países más seguros del mundo y entre los países que tienen menores cifras de delincuencia sexual en Europa”, afirma la criminóloga Andrea Giménez-Salinas. Y no es una opinión. Durante tres años, su equipo ha revisado de forma sistemática 342 atestados policiales y ha recogido datos de las 6.600 denuncias de agresiones sexuales sin relación previa entre autor y víctima recibidas por el Ministerio del Interior entre 2009 y 2013. Este tipo de agresiones de desconocidos suponen el 20% del total de casos de abusos. El resultado de esta investigación es el mayor informe realizado hasta la fecha sobre uno de los problemas que más alarma social generan en España.

Sus conclusiones permiten dibujar un perfil de los autores. Son hombres jóvenes, de entre 18 y 35 años en el 57% de los casos, y de nacionalidad española (52%) o procedentes de Sudamérica (15%), del Magreb (11%) o de Europa del Este (10%). Tras España, los países de origen más habituales de los agresores son Ecuador, Marruecos y Rumanía. El 32% de los asaltantes tenía antecedentes policiales. Y el 17% ya había cometido al menos otra agresión sexual en el año previo. En la mitad de los asaltos, el agresor no había caminado ni un kilómetro desde su propia casa.

El 62% de los homicidios son de hombres a hombres; el 28%, de hombres a mujeres; el 7%, de mujeres a hombres; y el 3%, de mujeres a mujeres

Ha sido “una tarea de amanuenses de monasterio”, asegura el psicólogo José Luis González. A lo largo de tres años, su equipo, compuesto por medio centenar de investigadores, ha obtenido los atestados policiales de 632 homicidios que estaban “criando polvo en las estanterías” de las comisarías provinciales y ha extraído decenas de variables nunca estudiadas. El resultado es “el primer informe nacional sobre el homicidio en España”, un análisis del Ministerio del Interior que aporta 85 páginas de datos a un fenómeno invadido por eslóganes alarmistas y proclamas racistas. “Esto es ciencia, no política”, sentencia González.

PAMPLONA- Lejos queda aquel pionero programa de 2005 cuando desde el Instituto de Psicología Jurídica y Forense Psimae atendieron a 49 maltratadores en su primer ejercicio. Ahora, en lo que llevamos de 2018, ya suman 205, la mayoría “maltratadores psicológicos, no menos dañinos, y otros físicos, de casos no de una violencia extrema o grave que suele llegar porque se le suspende la condena a condición de que nos visite”. Realizan tratamientos individualizados, a la carta, con una medida de duración de dos años.

La presidenta de la Audiencia Provincial de NavarraEsther Erice, considera que el proceso de “desnaturalizar la violencia vivida” en víctimas de violencia de género “exige”, por parte de los agentes que intervengan “directamente” en esos casos, una formación “muy específica”.

Erice ha intervenido este miércoles por la mañana como ponente en una jornada formativa sobre la violencia de género organizada por la delegación del Gobierno en Navarra y que se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Bajo el título ‘Violencia de género. Hacia una mejor atención a la víctima’, el acto, dirigido a los cuerpos policiales que operan en el ámbito de la violencia de género, ha reunido a profesionales del Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE), personal del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y a fiscales y magistrados.

“La violencia dentro de la familia está muy presente. Pasa en víctimas y en agresores”

PAMPLONA– Al arrancar este programa, esos primeros casos tuvieron que ser de abordaje complejo.

-Los primeros que vinieron lo hicieron sin sentencia, incluso sin denuncia. Vinieron de forma voluntaria. Lo hicieron porque ellos mismos se estaban sintiendo mal con ellos mismos por algo que estaban experimentando, por ese impulso sexual que tenían y no sabían cómo controlarlo. El primer caso fue el de un sacerdote que venía con esta demanda. Decía que estaba sufriendo, que necesitaba ayuda, que le orientaran para gestionar todas esas cosas que él estaba experimentando y que sabía que estaba mal pero no podía frenar ese impulso. Son gente que tenía un temor, que estaban a punto de traspasar el límite.

¿Cuáles son las pautas de trabajo?

Los profesionales evidencian que, en caso de ser tratados, el porcentaje de reincidencia se reduce a la mitad

PAMPLONA– Dice el experto Josean Echauri que el porcentaje de reincidencia de un agresor sexual, entre el 11 y el 17%, es el más bajo en todos los ámbitos de la delincuencia. Un delito común suele rondar el 35-40% de reincidencia. El problema es que ese 14% que puede reincidir en un delito sexual, o aquellos que lo cometen por primera vez, violentan lo más íntimo y causan gran alarma social. En caso de que puedan trabajar en un programa de intervención psicológica con estos individuos, ese porcentaje de reincidencia se reduce a la mitad.

Echauri habla después de haber tratado a 19 hombres en una terapia que empezó como programa piloto en 2011 y que no fue hasta el año pasado cuando fue sellada por el membrete oficial y empezó a recibir más derivaciones de los juzgados penales. Antes de que eso ocurriera en 2017, el equipo de psicólogos de Psimae atendía a individuos que acudían de una forma voluntaria para controlar un impulso irrefrenable y no había ningún centro especializado para ellos. “Todo eran tratamientos genéricos”, recuerda Echauri.

El programa ha atendido a 1.351 hombres desde 2005, de los que 784 finalizaron el tratamiento, con 98 fracasos. Un tercio se crió en un ambiente de violencia en la infancia.

Ya en enero de 2005, incluso antes que la Ley de Violencia de Género obligara a ello, Navarra puso en marcha un programa terapéutico para maltratadores, que se dirige y coordina desde la Sección de Atención a Víctimas del Delito del Servicio Social de Justicia. Su ejecución está a cargo del Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. El programa, que también se desarrolla en prisión por los mismos profesionales que en medio abierto, atendió en su primer año de origen a 49 personas y en la actualidad supera los dos centenares de intervenciones al año.

A lo largo de este tiempo, los profesionales del Psimae, que desde hace tres lustros desempeña esta actividad profesional junto a la atención psicológica a víctimas, han finalizado el tratamiento con 784 sujetos de los 1.351 que lo han iniciado (114 de ellos siguen en el mismo). El 36% de ellos, hasta 258 agresores, han acabado con éxito el programa mientras que el 52% de los mismos han experimentado mejoría a lo largo de la intervención. Las estadísticas de fracaso se cifran en el 12% sumando los 98 agresores con los que la terapia no ha funcionado. “Ese es nuestro reto, pensando siempre en que también hay personas irrecuperables y que a los verdaderos maltratadores, a los que llamaríamos depredadores, es muy difícil verles en el programa. Esos se nos escapan, son violentos y antisociales y no acceden al tratamiento”, expone Josean Echauri Tijeras, director de Psimae.

Doctor en Psicología por la UPNA y especialista en Psicología Forense, Josean Echauri es socio fundador de Psimae y un referente en tratamiento de agresores.

Lejos queda aquel pionero programa de 2005 cuando desde el Instituto de Psicología Jurídica y Forense Psimae atendieron a 49 maltratadores en su primer ejercicio. Ahora, en lo que llevamos de 2018, ya suman 205, la mayoría “maltratadores psicológicos, no menos dañinos, y otros físicos, de casos no de una violencia extrema o grave que suele llegar porque se le suspende la condena a condición de que nos visite”. Realizan tratamientos individualizados, a la carta, con una medida de duración de dos años.