54 cardenales, obispos y curas encubrieron episodios de abusos en las últimas décadas.

España es un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal (CEE), que a diferencia de los obispos de otros países se ha negado a investigarlo, ha mantenido que apenas tiene constancia de casos, que tampoco maneja cifras y que, de todas formas, son pocos. EL PAÍS comenzó a investigar en 2018 cuál era el impacto real de esta lacra, que ya había salido a la luz a través de los medios en muchos países. Tras una petición de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el balance fue de solo 34 casos y 80 víctimas en cuatro décadas. Después comenzó a publicar casos y emergieron muchos más. Dos años y medio después, tras un largo trabajo de revisión y clasificación, aporta ahora la primera base de datos de referencia en España sobre este fenómeno, que se puede consultar aquí.

La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.