Según datos del Ministerio de Justicia, en 2019 los institutos de medicina legal solo hicieron 2.152 estudios de este tipo de los 51.790 casos juzgados (un 4%), a pesar de que su utilidad para ayudar a decidir sobre la protección de las denunciantes es destacada por expertas e instituciones.

TABLA COMPARATIVA de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE 5 junio)

 

54 cardenales, obispos y curas encubrieron episodios de abusos en las últimas décadas.

España es un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal (CEE), que a diferencia de los obispos de otros países se ha negado a investigarlo, ha mantenido que apenas tiene constancia de casos, que tampoco maneja cifras y que, de todas formas, son pocos. EL PAÍS comenzó a investigar en 2018 cuál era el impacto real de esta lacra, que ya había salido a la luz a través de los medios en muchos países. Tras una petición de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el balance fue de solo 34 casos y 80 víctimas en cuatro décadas. Después comenzó a publicar casos y emergieron muchos más. Dos años y medio después, tras un largo trabajo de revisión y clasificación, aporta ahora la primera base de datos de referencia en España sobre este fenómeno, que se puede consultar aquí.

Esta iniciativa, que en esta primera edición concluirá en 2022 pero que tiene visos de continuidad, será gestionada por personal del Instituto de Psicología Jurídica y Forense PSIMAE, adjudicatario del contrato para la atención terapéutica a víctimas y agresores de diferentes tipos de violencia, licitado por la Dirección General de Justicia.

La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad han presentado los Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Se trata de un documento estratégico que trata de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, de tal forma que se envite la discriminación, se iguales sus derechos a los del resto de la población y puedan ejercer plenamente su derecho de capacidad jurídica.

Condenados por asesinato y presos por violencia familiar han mantenido reuniones de acercamiento con los afectados por sus delitos para pedirles perdón.

Dos internos de las cárceles Sevilla II y Valladolid han sido los dos primeros en celebrar encuentros restaurativos con las víctimas directas de sus delitos. Tras meses de preparación, los condenados por asesinato y por violencia familiar respectivamente se han reunido con los afectados directos de sus delitos como parte de los talleres de Diálogo Restaurativo que Instituciones Penitenciarias puso en marcha en noviembre de 2019. 

Desde que España se puso en guardia frente al coronavirus, las razones de la ciencia han logrado algo en lo que la política de las emociones lleva 25 años fracasando: acortar el tiempo de la cárcel para muchos presos. Las sucesivas reformas penales han llevado la tasa de encarcelamiento española a estar entre las más altas de Europa occidental. Ahora, el protocolo sanitario, que aconseja reducir el contacto y descongestionar espacios cerrados, mandó a casa a 3.000 presos entre marzo y abril. La situación renueva así una pregunta que el debate político ignora desde hace décadas: ¿Y si la prisión no fuera lo mejor para la rehabilitación?

Tres de cada cuatro víctimas de violencia de género que reciben asistencia en la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra tienen hijos o hijas a su cargo, según refleja la Memoria de 2019 de la entidad. En concreto, el 74,86% de las 187 mujeres que acudieron a dicho servicio a recibir atención especializada de algún tipo (asistencial, terapéutico, de acompañamiento) tenían menores a su cargo, un 4% menos que las mujeres que fueron atendidas en el año 2018. El dato tiene su reflejo en la estadística general sobre mujeres con hijos, que muestran gráficas claramente a la baja, analiza el informe. 

Instituciones Penitenciarias ha lanzado la campaña ‘vida extra, contágiate de vida’, para prevenir la entrada de droga en las cárceles una vez se reabran las visitas con normalidad. Durante la pandemia, los centros se han limpiado de estupefacientes al haber reducido el contacto con el exterior, según indican fuentes a Confidencial Digital.  El temor ahora es que es que la reapertura produzca alteración en el comportamiento de muchos presos que llevan tiempo sin consumir