Media docena de denuncias policiales que implican en abusos sexuales a sacerdotes navarros han puesto en la encrucijada a las autoridades eclesiales. Las víctimas ya no tienen miedo y hablan claro.

En la reciente cumbre antipederastia, cita inédita, el Papa Francisco decidió obligar a partir de ahora al personal de la Santa Sede denunciar de oficio cualquier tipo de abusos hacia menores. Antes, ya expuso su perdón público e impuso una política de tolerancia cero, aunque algunos sociólogos, como Javier Elzo, exigen más pincel que brocha en este tipo de planteamientos y discriminar la gravedad de los delitos y las consecuencias de las penas. Hay que acabar con el silencio y el encubrimiento, rezan también las comunidades cristianas de base. Dichos mensajes, con sus matices y críticas también (unas víctimas creen que el Papa se quedó lejos de sus reivindicaciones y otros opinan que se pasó de frenada y que aceptar la crítica de las víctimas, no supone someterse a su autoridad) quedan muy lejos aún del sermón oficial que predica el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

Navarra ha atendido a 1.395 agresores desde 2005, 900 de ellos sometidos al tratamiento por sentencia
Ahora hay 115 personas en el programa
El 36% observó o sufrió maltrato en su infancia

Maltratadores con tratamiento en Navarra.

Maltratadores con tratamiento en NavarraPAMPLONA– La atención terapéutica para maltratadores condenados en los tribunales navarros ya suma casi 1.400 atendidos desde 2005, fecha de arranque del programa de intervención coincidiendo con la aprobación de la Ley de Violencia de Género, y las cifras de éxito o mejoría con los agresores alcanza al 88% de aquellos que finalizan dicho tratamiento. En total, los que acabaron el programa fueron 953 y los especialistas de Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense que cubre en Navarra esta atención, destacan el bajo porcentaje de reincidencia en aquellos casos que pasan por la terapia. La mayoría de ellos, el 65%, lo hacen obligados por una sentencia judicial mientras que 150 personas acudieron de forma voluntaria (10,8%) y otros 344 se sometieron al tratamiento voluntario en prisión.

Juana Azcárate forma parte de un equipo de psicólogas contratadas por el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Se ocupan de la atención psicológica de las víctimas de delitos violentos: violencia de género y agresiones sexuales sobre todo (más de un 80% del total). También tratan a los agresores.

Su labor comienza con una llamada del 112, de las diferentes policías o colectivos de ayuda a mujeres. También desde Atención Primaria o Servicios Sociales, cuando los profesionales sospechan. Y por supuesto a partir de cualquier denuncia presentada, aunque “a veces llegan sin denunciar. Desde el primer momento les ayudamos a que se recuperen, a que vuelvan a ser independientes. Y las animamos a que denuncien para establecer una barrera con el agresor, pero no obligamos”, apunta Azcárate.

Los profesionales evidencian que, en caso de ser tratados, el porcentaje de reincidencia se reduce a la mitad

PAMPLONA– Dice el experto Josean Echauri que el porcentaje de reincidencia de un agresor sexual, entre el 11 y el 17%, es el más bajo en todos los ámbitos de la delincuencia. Un delito común suele rondar el 35-40% de reincidencia. El problema es que ese 14% que puede reincidir en un delito sexual, o aquellos que lo cometen por primera vez, violentan lo más íntimo y causan gran alarma social. En caso de que puedan trabajar en un programa de intervención psicológica con estos individuos, ese porcentaje de reincidencia se reduce a la mitad.

Echauri habla después de haber tratado a 19 hombres en una terapia que empezó como programa piloto en 2011 y que no fue hasta el año pasado cuando fue sellada por el membrete oficial y empezó a recibir más derivaciones de los juzgados penales. Antes de que eso ocurriera en 2017, el equipo de psicólogos de Psimae atendía a individuos que acudían de una forma voluntaria para controlar un impulso irrefrenable y no había ningún centro especializado para ellos. “Todo eran tratamientos genéricos”, recuerda Echauri.

El programa ha atendido a 1.351 hombres desde 2005, de los que 784 finalizaron el tratamiento, con 98 fracasos. Un tercio se crió en un ambiente de violencia en la infancia.

Ya en enero de 2005, incluso antes que la Ley de Violencia de Género obligara a ello, Navarra puso en marcha un programa terapéutico para maltratadores, que se dirige y coordina desde la Sección de Atención a Víctimas del Delito del Servicio Social de Justicia. Su ejecución está a cargo del Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. El programa, que también se desarrolla en prisión por los mismos profesionales que en medio abierto, atendió en su primer año de origen a 49 personas y en la actualidad supera los dos centenares de intervenciones al año.

A lo largo de este tiempo, los profesionales del Psimae, que desde hace tres lustros desempeña esta actividad profesional junto a la atención psicológica a víctimas, han finalizado el tratamiento con 784 sujetos de los 1.351 que lo han iniciado (114 de ellos siguen en el mismo). El 36% de ellos, hasta 258 agresores, han acabado con éxito el programa mientras que el 52% de los mismos han experimentado mejoría a lo largo de la intervención. Las estadísticas de fracaso se cifran en el 12% sumando los 98 agresores con los que la terapia no ha funcionado. “Ese es nuestro reto, pensando siempre en que también hay personas irrecuperables y que a los verdaderos maltratadores, a los que llamaríamos depredadores, es muy difícil verles en el programa. Esos se nos escapan, son violentos y antisociales y no acceden al tratamiento”, expone Josean Echauri Tijeras, director de Psimae.

Doctor en Psicología por la UPNA y especialista en Psicología Forense, Josean Echauri es socio fundador de Psimae y un referente en tratamiento de agresores.

Lejos queda aquel pionero programa de 2005 cuando desde el Instituto de Psicología Jurídica y Forense Psimae atendieron a 49 maltratadores en su primer ejercicio. Ahora, en lo que llevamos de 2018, ya suman 205, la mayoría “maltratadores psicológicos, no menos dañinos, y otros físicos, de casos no de una violencia extrema o grave que suele llegar porque se le suspende la condena a condición de que nos visite”. Realizan tratamientos individualizados, a la carta, con una medida de duración de dos años.