TABLA COMPARATIVA de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE 5 junio)

 

La violencia tiene lugar en los ámbitos más cotidianos de la vida de un niño: en el ámbito familiar, en la escuela, en espacios deportivos, en Internet, y solo se podrá evitar consiguiendo entornos seguros.

Cuando la violencia se produce, resulta fundamental su rápida identificación y una atención lo más eficaz posible. En esta guía encontrarás las claves principales de la nueva legislación, verás de qué manera protege a nuestros hijos e hijas, y conocerás cómo nos hace a todos parte de la solución.

Esta ley es un instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada.

¿Qué opinión tienen los jóvenes sobre la violencia de género, la prostitución o el acoso reiterado? Estas son algunas de las preguntas que ha intentado responder el informe Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de poder desarrollar programas de prevención de la violencia y elaborar políticas ajustadas a las necesidades y percepciones de este grupo.

En el estudio han participado alrededor de 1.500 jóvenes entre 14 y 17 años pertenecientes a 18 institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, que respondieron a una encuesta sobre sus percepciones, actitudes y vivencias en torno a la violencia basada en el género.

El abuso infantil o abuso sexual es prevenible. Es importante que los padres se mantengan atentos a los signos que desvelan que su hija o hijo puede estar sufriendo abuso sexual. También es fundamental que eduquen a los niños desde una edad temprana para detectar este tipo de situaciones y prevenirlas. Existen algunas pautas que pueden ayudarte a preparar a tu hijo, te las compartimos.

Derechos y necesidades de las víctimas de abusos

Primero de todo, el problema se plantea, aquí y en otros países, en relación con casos que, en general, han pasado hace muchos años y la justicia penal llega tarde, ya que los delitos están prescritos. Muy a menudo las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas, centran su lucha en conseguir que se alarguen los plazos legales para el cómputo de la prescripción. Es una muestra más de la confianza que muchos ciudadanos, alentados por muchos líderes políticos, ponen en la justicia penal y que, en muchos casos, no puede llevar más que a nuevas decepciones.

Las razones son diversas y claras. Una es estrictamente jurídica: una modificación del régimen legal de la prescripción no puede ser aplicada retroactivamente a casos ya prescritos y sabemos que los abusos de los que tratamos son en gran medida hechos del pasado. Otros son fácticas: aunque los delitos no prescriban nunca, los autores de los hechos pueden haber muerto, no estar en condiciones de hacer frente al proceso penal o a la pena, pueden no ser puestos a disposición de la justicia o los hechos pueden no resultar probados, generando en las víctimas más sufrimiento.

En España los estudios sobre adolescentes que han cometido algún delito sexual son casi inexistentes. Según el Ministerio del Interior, la tasa anual de delitos sexuales llevados a cabo por adolescentes está en torno al 7% del total de este tipo delitos. Aunque no supone un porcentaje muy elevado, es importante centrar la atención en los factores de riesgo relacionados con estas conductas a tan temprana edad para poder abordarlos adecuadamente dentro de programas de prevención e intervención. No es posible establecer un único perfil para estos adolescentes debido a su gran heterogeneidad, pero sí que hay algunas características que se dan con cierta regularidad en esta población.

La adolescencia es una etapa compleja de la vida, en la que culmina la construcción de la identidad propia, incluida la sexualidad, y en la que el entorno digital es un espacio más de la realidad que viven quienes están en esta etapa.

La tecnología no ha generado la pornografía, pero sí la ha hecho más accesible. El auge de la “nueva pornografía” accesible, ilimitada (tanto en contenido como en tipo de prácticas), anónima e interactiva, se ha convertido en una pieza más de la sexualidad adolescente, que afecta a su forma de relacionarse y puede derivar en conductas de riesgo o nocivas.

Así lo advierte Save The Children en un nuevo informe a través del cual analiza el consumo de contenidos sexuales entre los y las adolescentes y el impacto que estos tienen en el desarrollo y las relaciones con sus iguales.

La cercanía del agresor sexual respecto a la víctima, la falta de informes psicológicos forenses que incluyan el daño a la integridad del menor o la necesidad de mejora de la formación de los profesionales del ámbito jurídico y educativo son algunos de los datos extraídos del estudio sobre la Respuesta judicial a la violencia sexual a niños y niñas en España.

El estudio, realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), se enmarca en las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 para mejorar la respuesta de las administraciones públicas contra la violencia hacia los niños y niñas y en especial, contra la violencia sexual.

Cerca de 1 de cada 4 menores ha estado expuesto a algún tipo de violencia de género contra la madre.

Esta es una de las alarmantes conclusiones del estudio “Menores y Violencia de Género”, promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El Instituto Canario de Igualdad edita la Guía de intervención con menores que sufren o han sufrido una situación de violencia de género, “Te acompaño”, destinada a los profesionales que atienden las situaciones de estas víctimas invisibilizadas.