Los próximos días 12 y 15 de junio, la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, acogerá una nueva edición del Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica-AIPJ, un encuentro organizado por la AIPJ junto con la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España-AIPJE, el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana y la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, en colaboración con el Consejo General de la Psicología de España, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Católica de Valencia, la Unidad Psico-Jurídica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología-FIAP y la Psijus-Associação para a Intervenção Juspsicológica (Portugal).

Este importante encuentro interprofesional está dirigido tanto a profesionales, docentes, investigadores y alumnado del área de la Psicología Jurídica y Forense, como también a profesionales de los ámbitos del Trabajo Social, Educación, Derecho, Criminología, FFCCSS del Estado, etc.

Bajo el lema “Construyendo puentes entre la Psicología y la Justicia”, se abordarán, a través de diversas mesas redondas y talleres, diversas áreas temáticas de interés en el ámbito de la Psicología Jurídica y Forense, como son: la elaboración de informes periciales, la intervención en violencia de género y en casos de divorcios conflictivos, los procesos de mediación, la coordinación de parentalidad, la Psicología Forense en procesos penales y en el ámbito de familias, la intervención con víctimas y victimarios desde la perspectiva de la Neuropsicología Forense, así como con menores infractores o la Psicología del Tráfico y la Seguridad en el ámbito de la Psicología Jurídica, entre otros muchos.

Para hablarnos sobre este interesante Congreso, Infocop ha querido entrevistar al presidente de la AIPJ, el psicólogo José Antonio Echauri Tijeras.

El pasado sábado 24 de febrero, el Gobierno de Navarra concedió un galardón al equipo PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y Forense, por la labor que desarrollan en contra de la violencia de género y violencia sexual…
       

Históricamente, la violencia y las adicciones han estado ligadas en el imaginario popular. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que certifique esta relación. Y yendo aún más lejos, mucha menos que avale el otro giro del boomerang: hasta qué punto ejercer la violencia o haberla sufrido puede llevar a una persona a caer en una adicción.

En función de la población a la que vayan dirigidas, las estrategias de prevención se dividen en universales, selectivas o indicadas

El presente documento aborda dos ámbitos para la planificación de acciones de protección del alumnado que, actualmente, representan un auténtico reto de abordaje y respuesta por parte de los centros educativos.
El documento define el protocolo a desarrollar para la elaboración de planes individualizados de prevención, protección e intervención tras la detección de alguna situación de riesgo, de menor o mayor gravedad, relacionada con el comportamiento suicida (ideación suicida, comunicación suicida, comportamiento suicida) y de las autolesiones.
El centro educativo, en función de cada caso, situación y circunstancias, podrá adaptar y ajustar su grado, modo e intensidad de implementación. El documento contiene, asimismo, sendos apéndices sobre contenidos de especial relevancia para la comprensión tanto del comportamiento suicida como de las autolesiones no suicidas (ANS) en la infancia y adolescencia.

El responsable de PSIMAE  Instituto de Psicología Jurídica y Forense, Josean Echauri, ha advertido del incremento de chicos jóvenes, en numerosas ocasiones con signos de intolerancia a la frustración y a los límites, en programas de intervención psicológica por condenas por violencia machista.

Ha habido un centenar de mujeres menores de 30 años atendidas, lo que suponen el 51% de las intervenciones.

La violencia sexual supone 33 atenciones en guardia, el doble que en 2020.

Ya son varios los años en los que se ha encadenado una tendencia creciente en la intervención psicológica de urgencia que se ofrece a las víctimas de violencia machista en Navarra, pero los números de este año van a disparar con creces las estadísticas.

El abuso de la pornografía en menores enlaza las ideas de violencia y placer, según Josean Echauri, de Psimae.

Con más de un año de recorrido a las espaldas, ha quedado constatado que la pandemia ha afectado a todos los niveles de la vida y de la sociedad de forma negativa, también en el campo de los delitos sexuales. En este sentido, los expertos han advertido un aumento significativo en las conductas de abusos sexuales en la infancia, siendo estos cometidos en el 80% de las ocasiones por parte del entorno cercano –familiares en la gran mayoría de los casos– del menor.

Así lo expuso Josean Echauri Tijeras, doctor en Psicología y responsable de PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y Forense, quien alertó también de que la pandemia ha agravado los delitos de violencia de género. En esta línea, si bien en un principio el confinamiento establecido en marzo de 2020 para frenar la expansión de la covid-19 hizo que cayeran los asaltos a las personas en lugares públicos ante la imposibilidad de salir de casa, esto también supuso un arma de doble filo en cuanto a que los delitos que tienen que ver con la intimidad del hogar crecieron exponencialmente.

El Centro Penitenciario de Pamplona cuenta desde el pasado mes de abril con un programa de terapia psicológica para agresores sexuales que se encuentren presos, dando así respuesta a la demanda transmitida tanto desde Instituciones Penitenciarias como desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Este servicio, adjudicado al Psimae, Instituto de Psicología Jurídica y Forense y que estará en vigor hasta 2024, ya se venía ofreciendo desde hace una década a condenados en régimen ambulatorio con sentencia judicial. Ahora, se ha extendido a la cárcel de la capital navarra en el que actualmente participan de forma voluntaria nueve reos condenados por agresión sexual o delitos contra la libertad sexual, previamente seleccionados por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario.