El Tribunal Supremo destaca en la sentencia 184/2019, de 2 de abril que cuando han existido episodios previos de maltrato no puede dudarse de la veracidad de la declaración de la víctima. Y lo mismo cuando esta se retrasa en denunciar por las particularidades de este tipo de delitos en pareja.

             En esta sentencia que firman los Magistrados Julián Sánchez Melgar, Francisco Monterde Ferrer, Vicente Magro Servet, Susana Polo García y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, y de la que es ponente Vicente Magro Servet se destacan las siguientes cuestiones en los hechos de violencia de género y la reacción judicial de la víctima en torno a su credibilidad:

“1.- Credibilidad en la declaración de la víctima.

La declaración de la víctima es convincente para el Tribunal, ya que declara sin existir situación alguna de enemistad, ya que, incluso, la testigo Carmen expone al Tribunal que la víctima se resistía a poner la denuncia, lo que es indicativo de todo lo contrario de lo que expone el recurrente, ya que esta reacción es habitual en las víctimas de violencia de género al ser reacias, en principio, a denunciar por las razones múltiples que existen acerca de no saber qué va a ocurrir con ellas, la reacción posterior del agresor acerca de si puede ser peor para ellas la denuncia que el silencio, si no tienen medios económicos si van a poder subsistir, etc.

En este caso, como sucede en muchas ocasiones, debe ser una persona de su entorno, en este caso, una amiga, quien le ayude y le convenza de que denuncie y acuda al médico, de ahí que acudiera al centro al día siguiente. Ello señala el Tribunal que refuerza su neutralidad y que no miente al Tribunal cuando relata lo que ocurrió ante la sucesión de golpes que le propina el recurrente.

             2.- El retraso en un día en denunciar y ser reconocida por el médico no puede cuestionar su credibilidad.

Suele alegarse en los casos de violencia de género que el retraso de la víctima en denunciar conlleva la duda acerca de su credibilidad, pero nada más lejos de la realidad, dado que se trata de supuestos con unas connotaciones especiales en donde generalmente, y en muchos casos, la denuncia se dirige contra quien es su pareja y el padre de sus hijos, que, además, posiblemente hasta puede ser su sustento económico, lo que conlleva a que las víctimas de violencia de género valoren todas estas circunstancias a la hora de decidirse sobre si denuncian, o no. Y ello, no se les puede volver en su contra cuando tardan en denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos casos, hasta culpables, cuando son víctimas, no culpables. Todo ello, las convierte en más víctimas aún, porque lo son del agresor que es su propia pareja, y lo son, también, del propio sistema en quien, en muchas ocasiones, no confían si no tienen la seguridad de que denunciar va a ser algo positivo para ellas y no algo negativo.

En este estado de cosas deben ser personas de su entorno, o familiares, quienes, al fin, les convenzan de que denuncien para acabar de una vez con el sufrimiento que están viviendo y que rompan con el maltrato. Por ello, en los casos de violencia de género, el retraso en la presentación de la denuncia no es causa o motivo que permita hacer dudar de la realidad de los hechos que son objeto de la denuncia. En este caso, el Tribunal llega a la convicción de que los hechos se suceden como declara probado y lo constata por la declaración de la víctima, por lo que la ratificación de la denuncia eleva por su inmediación al Tribunal a poder valorar de forma acertada los hechos sin que el retraso en tan solo un día en formular la denuncia conlleve sospechas de falsedad en su contenido, ya que son conocidas las difíciles circunstancias que las víctimas deben pasar a la hora de formular denuncias por estos hechos, por lo que no desvirtúa o desnaturaliza la veracidad de sus declaraciones.

             3.- La existencia del maltrato no puede conllevar a dudar de que la víctima mienta o falte a la verdad.

En las relaciones de pareja cuando ha habido serios problemas entre ellos es obvio que la relación que mantengan no sea buena, y más aún cuando ha habido malos tratos. Pero ello no tiene por qué conllevar que en la declaración de la víctima se entienda que siempre y en cualquier circunstancia existe una duda acerca de su credibilidad por la existencia de los malos tratos le lleven a alterar su declaración, o, aunque el recurrente alegue su inexistencia y que ella le quiere perjudicar, no se entiendan las razones de ese alegato de resentimiento que se alega, lo que no quiere decir que la víctima mienta, sino que el resentimiento existe de cualquier modo, pero por esa existencia del maltrato, lo que no debe llevarnos a dudar de que lo que declara acerca de un hecho concreto sea incierto.

Es obvio que por el hecho de haber sido victimizada por el agresor la víctima no tenga una buena relación con éste, pero ello no debe hacernos llevar el ámbito de la duda respecto a si lo que está declarando la víctima en el plenario lo hace con móviles de resentimiento. De ser así, en ningún caso se podría valorar la declaración de la víctima en los casos de violencia de género, ya que, como en el caso que nos ocupa, si se ha cometido un delito de amenaza es evidente que la posición de la víctima tiene que ser muy especial, pero ello no debe hacernos dudar de que su declaración se ajusta a la realidad de lo acontecido, no pudiéndose dudar de ello por el hecho de que existan problemas entre ellos.

No puede admitirse en estos casos que las presunciones que hagan dudar de la declaración de las víctimas operen contra éstas en la violencia de género, planteando que se utiliza el proceso penal como arma frente a quien le está causando lesiones y atacando su integridad física. Si fuera cierta esta presunción, siempre debería existir la duda de que cuando una víctima declara ante un juez penal por unos hechos graves que ha sufrido su declaración estaría revestida de odio o resentimiento hacia el acusado, lo que no es cierto y es función del juez penal apreciar del conjunto de la prueba si se dan los presupuestos que hagan dudar de la declaración de la víctima, pero no apelar directamente a que el hecho de haber sido victimizada una persona le produce y supone un resentimiento hacia el acusado al momento de declarar ante un juez penal en el plenario.”

En este caso, el autor de la agresión a su pareja fue condenado por el Tribunal Supremo como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones previsto y penado en los arts. 147.1 y 148.4 del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia modificativa de dilaciones indebidas a la pena de dos años y seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad, y a la pena accesoria de prohibición de comunicarse por cualquier medio o acercarse a N. en una distancia inferior a 500 metros, durante cinco años con la responsabilidad civil ya fijada en la sentencia, manteniendo las costas ya fijadas en la instancia y éstas de oficio.

Se declaró probado que “la agarró de los brazos, y la golpeó en diversas partes del cuerpo, llegando a tirarla al suelo donde le propinó varios golpes y tirones de pelo, logrando… refugiarse en el cuarto de baño. El acusado logró abrir la puerta momento en el que le pegó un puñetazo en la boca. A raiz de los golpes recibidos ella resultó con lesiones consistentes en erosiones múltiples en distintas regiones del cuerpo, equimosis en costado izquierdo, en cara posterior de tercio medio de brazo izquierdo y en ambas rodillas y fractura de incisivo central izquierdo, que para su sanidad precisaron de una primera asistencia facultativa y de tratamiento médico consistente en reconstrucción de incisivo central izquierdo, permaneciendo como secuela permanente dicha reconstrucción.

Os presentamos la guía ‘Saber mirar, saber acoger, saber acompañar’, dirigida a profesionales que estén en contacto con mujeres adolescentes y que, por tanto, puedan encontrarse ante la difícil situación de ayudarles en caso de sufrir violencia de género.

Una situación que puede darse, y que de hecho se da, desgraciadamente, en la sociedad, dado que la violencia de género es una lacra social, un problema de carácter estructural, que sigue perpetuánddose generación tras generación, debido al sistema machista y patriarcal en el que crecemos y vivimos, que se reproduce a través de la cultura, la moda, la música, la literatura, la publicidad, los medios de comunicación, la religión, los videojuegos, las redes sociales… Hablamos de un problema presente en toda sociedad, en todas las esferas sociales y, por supuesto, en todas las capas de población, incluidas las más jóvenes.

Saber detectar de manera temprana los casos de violencia de género en jóvenes es clave para intervenir de manera inmediata, derivar a los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer y ayudar así a erradicar el problema. La colaboración, desde su ámbito, de cada profesional es imprescindible en esta importante tarea, y queremos que para ello cuenten con el apoyo de esta importante herramienta.

Hoy en día la violencia contra la mujer se puede considerar un problema de salud pública (Sanz-Barbero, Rey y Otero-García, 2014). El 35% de las mujeres en el mundo han sido en alguna ocasión víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja y el 38% del total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal (WHO. World Health Organization, 2013). En España, desde el 1 de Enero de 2003 hasta la actualidad ha habido cerca de 1.000 mujeres asesinadas víctimas de la violencia contra las mujeres (Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2018).

La lacra de la violencia contra la mujer sigue hoy día muy presente a pesar de la determinación pública y de amplios sectores sociales que quieren acabar con este grave problema. La magnitud es tal que sigue siendo fundamental que su estudio e investigación precisen los factores y mecanismos sobre los que opera este tipo de violencia.

Por tanto, es necesario analizar tanto a nivel del Estado como de nuestra Comunidad Autónoma, la visión del conjunto de la población aragonesa en esta área. Así, en este estudio se aborda el análisis de las percepciones y actitudes de la población aragonesa hacia la violencia ejercida contra las mujeres.

Cabe destacar la importancia de contextualizar y conceptualizar la violencia, que será entendida acorde a la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, según su artículo 1.2, que la define como:
“Todo acto o agresión contra las mismas, motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psicológico, así como las agresiones a su libertad e indemnidad sexuales, incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que se realicen al amparo de una situación de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.”

En la lucha por erradicar la violencia contra la mujer, este estudio se centra en el análisis de las violencias sexuales que sufren las mujeres. Para entender el contexto de la violencia contra la mujer, es necesario primero conceptualizar esta violencia y sus diferentes manifestaciones. En la Ley 4/2007, del 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón se define violencia contra las mujeres como todo acto o agresión contra las mismas, motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psicológico, así como las agresiones a su libertad e indemnidad sexuales, incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que se realicen al amparo de una situación de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica  de la víctima frente al agresor (Art. 1.2).

 

Se presenta la versión forense (EGS-F) de la Escala de Gravedad de Síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) según los criterios diagnósticos del DSM-5. Se analizan la gravedad de los síntomas, así como la probable simulación y exageración de síntomas en víctimas de violencia de género en un contexto forense. La muestra contó con 526 víctimas de violencia familiar o sexual que buscaron ayuda terapéutica y con 74 víctimas del mismo tipo que presentaron una denuncia en el Juzgado. La gravedad en el TEPT fue mayor en el grupo forense que en el clínico. Los ítems de la subescala de simulación discriminaron adecuadamente entre los dos grupos (t = 7.3, g = 0.97). Un punto de corte de 2 es apropiado para clasificar correctamente el 74% de los probables simuladores. Esta escala resulta útil para evaluar el TEPT en víctimas de delitos violentos en el contexto forense.

Se analiza diferencialmente la percepción de la conducta violenta grupal por parte de jóvenes. La muestra fueron 418 jóvenes de entre 13-17 años residentes en Madrid, de los cuales el 57.4% había “pegado en los últimos 12 meses a una o más personas pertenecientes a otro grupo” (variable dependiente). Las variables independientes midieron cuatro aspectos referidos a la conducta violenta: valoración general, consecuencias, grado de afectación personal y percepción del endogrupo principal. Se postularon siete hipótesis que fueron contrastadas mediante la prueba t de Student para diferencia de medias. Los resultados obtenidos en este estudio deberían facilitar el desarrollo de programas de prevención basados en la evidencia de los factores de riesgo y de protección de los jóvenes.

Con la finalidad de mejorar la comprensión de los factores de riesgo implicados en los delitos sexuales cometidos por adolescentes, se han recopilado datos de 63 menores infractores que habían cometido al menos un delito sexual y cumplido una medida de internamiento en la Comunidad de Madrid por estos hechos entre los años 2006 y 2015. Para explorar posibles diferencias se han establecido dos grupos atendiendo a la clasificación basada en la edad de la víctima, distinguiendo entre adolescentes que agreden sexualmente a niños menores (AM) y adolescentes que agreden sexualmente a iguales o adultos (AI). Los resultados indican que el grupo AM presenta un perfil caracterizado por una mayor victimización y aislamiento social, mientras que el grupo AI se caracteriza por una mayor presencia de otras conductas antisociales y agresivas. Finalmente se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos para la intervención terapéutica con estos adolescentes.

Se analizan las características de la vulneración de la orden judicial de protección (OP) en hombres que previamente habían sido condenados por un delito de violencia de género. Se analizaron 131 sentencias condenatorias correspondientes a 80 agresores. Se identificaron diferentes tipos de acoso (telefónico, domiciliario, acudiendo a lugares públicos frecuentados por la víctima, etc.). Estos comportamientos fueron agrupados en tres categorías: manipulación y búsqueda de reconciliación, control, seguimiento o vigilancia y violencia contra la víctima. Las amenazas de muerte a la víctima o a allegados se dieron en el 31.3% de los casos y el 48% de los agresores que volvieron a convivir con su expareja la agredieron de nuevo. En conclusión, la OP no garantiza la finalización del maltrato o del acoso y las mujeres que restablecen la relación con su expareja agresora están en riesgo de ser revictimizadas. Se discuten las implicaciones para la investigación y práctica clínica.

El trabajo del Centro de Estudio e Investigación ANAR de la infancia y adolescencia nos permite hoy, a través de este estudio de las llamadas realizadas al Teléfono ANAR, conocer en mayor profundidad y precisión la violencia que padecen los niños, niñas y adolescentes y su evolución.

Durante estos 8 años hemos atendido un total de 25.323 casos. Estos datos poseen un gran valor, pues debemos tener en cuenta que ninguna encuesta o sondeo que pudiéramos hacer en la calle permitiría descubrir lo que los menores de edad están padeciendo y nos cuentan en el Teléfono ANAR. Son las propias víctimas las que confían en Fundación ANAR y sacan a la luz situaciones inconfesables que llevan guardando en su interior hasta ese momento.

 

Agresores sexuales juveniles: tipología y perfil psicosocial en función de la edad de sus víctimas

Juvenile sexual offenders: Typology and psychosocial profile according to the age of their victims
Carlos Benedictoa,, David Ronceroa, Luis Gonzálezb
Centro de Ejecución de Medidas Judiciales “Teresa de Calcuta” (Asociación GINSO), España
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Madrid, España

Recibido 11 enero 2016, Aceptado 24 mayo 2016

Resumen

Con la finalidad de mejorar la comprensión de los factores de riesgo implicados en los delitos sexuales cometidos por adolescentes, se han recopilado datos de 63 menores infractores que habían cometido al menos un delito sexual y cumplido una medida de internamiento en la Comunidad de Madrid por estos hechos entre los años 2006 y 2015. Para explorar posibles diferencias se han establecido dos grupos atendiendo a la clasificación basada en la edad de la víctima, distinguiendo entre adolescentes que agreden sexualmente a niños menores (AM) y adolescentes que agreden sexualmente a iguales o adultos (AI). Los resultados indican que el grupo AM presenta un perfil caracterizado por una mayor victimización y aislamiento social, mientras que el grupo AI se caracteriza por una mayor presencia de otras conductas antisociales y agresivas. Finalmente se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos para la intervención terapéutica con estos adolescentes.