Victoria A. Ferrer-Perez

Virginia Ferreiro-Basurto

Capilla Navarro-Guzmán

Esperanza Bosch-Fiol

Departamento de Psicología, Universidad de las Islas Baleares, España

Psychosocial Intervention Available online 18 July 2016

La implementación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha tenido, entre otras consecuencias, la generalización de programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en España. El objetivo de esta investigación es conocer el punto de vista de profesionales especializados/as sobre estos programas. Para ello, se optó por una metodología cualitativa, realizando entrevistas semiestructuradas a 65 informantes clave, esto es, profesionales con experiencia en implementar y/o gestionar y evaluar este tipo de programas. En general, estos/as profesionales estaban satisfechos/as con los programas en los que habían participado y los valoraban de forma positiva, considerando que determinadas características de los participantes y de los propios programas contribuyen a favorecer o dificultar el éxito de estos y que podrían obtenerse mejores resultados al personalizar las intervenciones. Estos resultados ofrecen información valiosa para comprender las dificultades halladas al implementar estos programas y para mejorarlos.

1. El derecho al reconocimiento de su condición de víctima, incluyendo la victimización indirecta o de los familiares.
2. El derecho a la información (a entender y ser entendido).
3. El derecho al acceso a los servicios de apoyo (psicológico, jurídico, social, sanitario, etc.), independientemente de la presentación de una denuncia penal.
4. El derecho al acceso a la justicia y la participación en el proceso penal, incluyendo la reparación material, económica, simbólica y la justicia restaurativa.
5. El derecho a la protección, incluyendo el reconocimiento de necesidades específicas (menores, personas de avanzada edad, con diversidad funcional, extranjeras, en situación de exclusión social, etc.).
6. El derecho a un trato profesional, con formación adecuada y concienciación sobre las necesidades de las víctimas, respetuoso, sensible, imparcial, empático, individualizado, coordinado y basado en la evaluación e investigación.
7. El derecho a la prevención de la victimización primaria y secundaria.
8. El derecho a la verdad y a la memoria.
9. El derecho a la participación en las políticas asociadas a las víctimas de terrorismo.

En la actualidad, el perfil profesional del psicólogo forense está plenamente consolidado dentro del Sistema de Justicia, tanto desde la práctica pública como privada, siendo uno de los campos profesionales que más ha crecido dentro de la Psicología aplicada (Soria, Armadans, y Herrera, 2009). Y aunque ha existido un avance respecto a la situación inicial de la profesión (por ejemplo, se cuenta con sociedades científicas, asociaciones profesionales, publicaciones especializadas y diversos manuales) continúa sin existir un reconocimiento oficial de la figura del psicólogo forense dentro de la Administración de Justicia (se carece de un estatus orgánico propio a semejanza, por ejemplo, del médico forense), los programas selectivos para psicólogos forense en la mayoría de las Comunidades Autónomas con competencias propias en materia de justicia no son específicos para sus funciones y se carece de oferta formativa oficial dentro de los nuevos itinerarios curriculares elaborados a partir del Espacio Europeo de Educación Superior (Muñoz et al., 2011)…

Marisol Lila, Amparo Oliver, Alba Catalá-Miñana, Laura Galiana and Enrique Gracia. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 6 (2014) 29-36

El objetivo de este estudio es presentar un instrumento psicométricamente adecuado para evaluar las atribuciones de responsabilidad de hombres condenados por violencia contra la mujer en las relaciones depareja: la Escala de Atribución de Responsabilidad en Violencia en las Relaciones de Pareja. La escala se administró a 423 hombres condenados por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y remitidos a un programa de intervención en medio comunitario. Tres factores teóricos (atribución de responsabilidad al sistema legal, atribución de responsabilidad a la víctima y atribución de responsabilidad al contexto personal del agresor) fueron contrastados empíricamente mediante un análisis factorial confirmatorio. La fiabilidad de la escala se estimó utilizando los estadísticos alpha de Cronbach, ρ y greatest lower bound. Los factores de la Escala de Atribución de Responsabilidad en Violencia en las Relaciones de Pareja correlacionaron en el sentido esperado teóricamente con las variables utilizadas para evaluar la validez de constructo (culpabilización del sistema, problemas con la pareja, y asunción de responsabilidad) y con las variables utilizadas para evaluar la validez de criterio (satisfacción con el sistema legal, actitudes de culpabilización de la víctima, consumo de alcohol, sexismo hostil, eventos vitales estresantes, deseabilidad social, impulsividad e ingresos en el hogar). Los resultados confirman la validez y fiabilidad de la Escala de Atribución deResponsabilidad en Violencia en las Relaciones de Pareja.