54 cardenales, obispos y curas encubrieron episodios de abusos en las últimas décadas.

España es un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal (CEE), que a diferencia de los obispos de otros países se ha negado a investigarlo, ha mantenido que apenas tiene constancia de casos, que tampoco maneja cifras y que, de todas formas, son pocos. EL PAÍS comenzó a investigar en 2018 cuál era el impacto real de esta lacra, que ya había salido a la luz a través de los medios en muchos países. Tras una petición de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el balance fue de solo 34 casos y 80 víctimas en cuatro décadas. Después comenzó a publicar casos y emergieron muchos más. Dos años y medio después, tras un largo trabajo de revisión y clasificación, aporta ahora la primera base de datos de referencia en España sobre este fenómeno, que se puede consultar aquí.

Desde el mes de marzo, el servicio de atención telefónica gratuito 016 atenderá también a las mujeres víctimas de agresiones o violencia sexual. Así lo ha anunciado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, el pasado 11 de marzo. De esta forma, el servicio, que hasta la fecha atendía a las mujeres víctimas de violencia de género perpetrada por sus parejas o exparejas, extiende la atención a todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual, la trata, etc.

Según se recoge en la nota de prensa del Ministerio de Igualdad, el servicio prestará una primera atención psicológica y social a través de un equipo de profesionales de la Psicología y el Trabajo social, y proporcionará acceso a recursos para una segunda asistencia dentro de la red de servicios públicos de atención psicológica y social, así como a servicios para el asesoramiento legal de las víctimas.

El pasado 11 de marzo, se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 297 votos a favor y 50 en contra, la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Durante la sesión se aprobaron y ratificaron los cambios propuestos durante su tramitación en el Senado, por lo que dichos cambios se incorporarán al texto de la ley en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva norma está destinada a la protección de las víctimas de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones: violencia de género, explotación sexual, trata, agresión sexual, etc., en el contexto de la pandemia por COVID-19.

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Publicaciones y bajo la coordinación del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, ha editado el libro ‘Abusos sexuales a menores en la Iglesia católica’, que surge de un trabajo conjunto realizado entre la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el propio Ejecutivo foral.

Con esta publicación “se llena el vacío historiográfico que había sobre este tema, que no contaba ninguna obra en concreto” y ha apuntado que se abordan “los abusos sexuales en la Iglesia desde una perspectiva multidisciplinar, desde la historia, el derecho, la victimología y la psicología”.

La publicación, pionera en el Estado, recoge buena parte de los contenidos, investigaciones y testimonios aportados en la jornada celebrada en Pamplona el 14 de febrero del año pasado, bajo el título “Centros religiosos y pederastia. Hacia la verdad, justicia y reparación desde Navarra”.

Sus más de 300 páginas incluyen estudios de Roldán Jimeno Aranguren, Esther Aldave Monreal, Gema Varona Martínez, María Esther Compte Grau o Josean Echauri Tijeras.

El Tribunal Supremo ha definido, en una reciente sentencia, las condiciones que deben darse para considerar que existe maltrato habitual dentro de una pareja . Se trata de una situación alimentada por un clima de “insostenibilidad emocional”, que se crea por una “violencia psicológica de dominación” y es ejercida mediante violencia física, verbal y sexual.

La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.

El abuso infantil o abuso sexual es prevenible. Es importante que los padres se mantengan atentos a los signos que desvelan que su hija o hijo puede estar sufriendo abuso sexual. También es fundamental que eduquen a los niños desde una edad temprana para detectar este tipo de situaciones y prevenirlas. Existen algunas pautas que pueden ayudarte a preparar a tu hijo, te las compartimos.

Derechos y necesidades de las víctimas de abusos

Primero de todo, el problema se plantea, aquí y en otros países, en relación con casos que, en general, han pasado hace muchos años y la justicia penal llega tarde, ya que los delitos están prescritos. Muy a menudo las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas, centran su lucha en conseguir que se alarguen los plazos legales para el cómputo de la prescripción. Es una muestra más de la confianza que muchos ciudadanos, alentados por muchos líderes políticos, ponen en la justicia penal y que, en muchos casos, no puede llevar más que a nuevas decepciones.

Las razones son diversas y claras. Una es estrictamente jurídica: una modificación del régimen legal de la prescripción no puede ser aplicada retroactivamente a casos ya prescritos y sabemos que los abusos de los que tratamos son en gran medida hechos del pasado. Otros son fácticas: aunque los delitos no prescriban nunca, los autores de los hechos pueden haber muerto, no estar en condiciones de hacer frente al proceso penal o a la pena, pueden no ser puestos a disposición de la justicia o los hechos pueden no resultar probados, generando en las víctimas más sufrimiento.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad han presentado los Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Se trata de un documento estratégico que trata de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, de tal forma que se envite la discriminación, se iguales sus derechos a los del resto de la población y puedan ejercer plenamente su derecho de capacidad jurídica.

La mitad de los agresores sexuales a niños y niñas son un miembro de su familia y el 64% de las víctimas tienen menos de 12 años, según un estudio de 400 sentencias sobre la violencia sexual infantil presentado hoy por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Sigue siendo una de las violencias más silenciadas, pero cada vez más investigaciones intentan arrojar luz a la realidad de la violencia sexual hacia los menores de edad. El Ministerio de Igualdad ha presentado este viernes el Estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, que analiza 400 sentencias dictadas entre 2010 y 2019 por audiencias provinciales de todo el país; un 75% condenatorias.