Conocer la percepción social existente sobre la violencia contra la mujer es fundamental para mejorar el diseño de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la violencia y, de manera específica, es esencial para enfocar de forma adecuada las campañas de sensibilización.

Así lo afirma la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su nuevo informe sobre la Percepción social de la violencia sexual.

El informe se basa en un estudio, cuyo objetivo es el de ofrecer una panorámica detallada de las diferentes percepciones de la población en torno a distintos aspectos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. Para tal fin, se realizó, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una encuesta presencial a 2.465 personas de 16 y más años, representativa de la población de hombres y mujeres residente en España.

La directora del equipo de la Universidad de Barcelona que investiga a estas víctimas advierte a las familias de que es urgente el control de las redes de sus hijos.

Una menor de 12 años presuntamente violada por otros dos adolescentes que aún busca la policía en Madrid. A prisión un joven de 18 por agredir sexualmente a una chica de 14 con ayuda de otros en Algeciras. El caso de La Manada, la violación en grupo de una joven en los sanfermines de 2016, que está a la espera de sentencia firme… Las voces expertas explican que no hay datos que sostengan que ahora hay más casos que antes, pero sí que la sociedad está más preparada para detectarlos y denunciarlos. La profesora Noemí Pereda Beltrán (Barcelona, 1975), directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (Grevia) de la Universidad de Barcelona, advierte del peligro de un efecto contagio de estas agresiones en grupo  entre adolescentes «con rasgos vulnerables de conducta» . Y pide a las familias que pongan toda la atención: «Igual que los padres leen sobre nutrición, deberían aprender de las redes de sus hijos».

El presente informe ofrece algunos avances en el estudio de las agresiones sexuales con víctima desconocida (AVD) con el fin de ayudar a los investigadores criminales a reconocer patrones y perfiles, tanto de los hechos como de los sujetos, a partir de los primeros indicios de la investigación. Estos avances nos permiten generar mecanismos para priorizar los posibles sospechosos y resolver los casos de forma más eficaz y eficiente.

El Tribunal Supremo ha marcado el camino a los jueces españoles a la hora de sentenciar en torno a una agresión mutua en el seno de una pareja o expareja. Si hay pruebas suficientes para condenar, el hombre tendrá que ser condenado por delitos relacionados con la violencia machista y la mujer con la violencia doméstica o familiar, con las diferencias a nivel penológico que existen entre ambos.

El pleno de la sala segunda ha establecido esta línea de actuación resolviendo el caso de una pareja que en diciembre de 2017 protagonizó una agresión mutua en la puerta de una discoteca de Zaragoza cuando ella quería marcharse a casa y él quedarse más tiempo. Los dos se agredieron a puñetazos y el Supremo ha decidido que él debe ser condenado a seis meses de cárcel y ella a tres, la mitad.

A la espera de la implantación de la Ley para la Protección de la Infancia, la actuación frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación sin seguimiento, estructura ni legislación efectiva.

Según los estudios recopilados por el Consejo de Europa (CE), uno de cada cinco niños es víctima de abusos sexuales. Las estadísticas, presentadas por diversas entidades como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la ONG Save the Children, revelan además que los menores sufren al menos el 50% de estos delitos sobre unas cifras subestimadas, puesto que apenas se denuncia el 15% de los casos. De ese 15%, el 70% nunca llega a juicio. A pesar de la dureza de esos datos, la falta de políticas de prevención, detección y denuncia eficaces sigue siendo el principal obstáculo para atajar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos, incluido el deportivo.

A la espera del desarrollo en 2019 de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia —cuyo Anteproyecto anunció el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018—, el único marco legal específico es el definido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del CE y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas en 2018 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación episódicas sin seguimiento, estructura, protocolo, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión queda en manos del coraje de los propios supervivientes.

El Gobierno eleva la edad en que empiezan a extinguirse los abusos de los 18 a los 30 años. Los menores de 14 no declararán más de una vez en el proceso judicial.

El plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores comenzará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora. Este es uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes en primera lectura. La medida responde a una de las principales peticiones de las víctimas de delitos sexuales, aunque las organizaciones de infancia habían solicitado que el tiempo comenzara a correr a los 50.

El texto recoge también que los menores de 14 años no tendrán que declarar más de una vez durante el proceso judicial, si bien las asociaciones habían pedido que esa eximente se extendiera hasta los 16. Además, el texto supone un cambio de paradigma y sitúa a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos subjetivos.

El 62% de los homicidios son de hombres a hombres; el 28%, de hombres a mujeres; el 7%, de mujeres a hombres; y el 3%, de mujeres a mujeres

Ha sido “una tarea de amanuenses de monasterio”, asegura el psicólogo José Luis González. A lo largo de tres años, su equipo, compuesto por medio centenar de investigadores, ha obtenido los atestados policiales de 632 homicidios que estaban “criando polvo en las estanterías” de las comisarías provinciales y ha extraído decenas de variables nunca estudiadas. El resultado es “el primer informe nacional sobre el homicidio en España”, un análisis del Ministerio del Interior que aporta 85 páginas de datos a un fenómeno invadido por eslóganes alarmistas y proclamas racistas. “Esto es ciencia, no política”, sentencia González.

Juana Azcárate forma parte de un equipo de psicólogas contratadas por el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Se ocupan de la atención psicológica de las víctimas de delitos violentos: violencia de género y agresiones sexuales sobre todo (más de un 80% del total). También tratan a los agresores.

Su labor comienza con una llamada del 112, de las diferentes policías o colectivos de ayuda a mujeres. También desde Atención Primaria o Servicios Sociales, cuando los profesionales sospechan. Y por supuesto a partir de cualquier denuncia presentada, aunque “a veces llegan sin denunciar. Desde el primer momento les ayudamos a que se recuperen, a que vuelvan a ser independientes. Y las animamos a que denuncien para establecer una barrera con el agresor, pero no obligamos”, apunta Azcárate.

A Rocío López la apuñaló su novio hace 10 años. A Ana Orantes la quemó su ex marido hace 21. A Esther Ortí la tapió su esposo hace 7. Para sus vivos, el tiempo es una mentira. Viven, lloran y pelean, pero como si hoy fuera aquel día. Son el espejo de cuando la violencia de género mata más que a las muertas.