El documento realiza una «propuesta general, flexible, de buenas prácticas de los agentes públicos y privados que fomenten el trato empático, individualizado, personalizado y no discriminatorio, que ayude en el proceso de reparación y recuperación» de las víctimas de terrorismo.La guía parte del reconocimiento de una serie de derechos de las víctimas del terrorismo, entre los que cabe destacar:
  1. El derecho al reconocimiento de su condición de víctima, incluyendo la victimización indirecta o de los familiares.
  2. El derecho a la información (a entender y ser entendido).
  3. El derecho al acceso a los servicios de apoyo (psicológico, jurídico, social, sanitario, etc.), independientemente de la presentación de una denuncia penal.
  4. El derecho al acceso a la justicia y la participación en el proceso penal, incluyendo la reparación material, económica, simbólica y la justicia restaurativa.
  5. El derecho a la protección, incluyendo el reconocimiento de necesidades específicas (menores, personas de avanzada edad, con diversidad funcional, extranjeras, en situación de exclusión social, etc.).
  6. El derecho a un trato profesional, con formación adecuada y concienciación sobre las necesidades de las víctimas, respetuoso, sensible, imparcial, empático, individualizado, coordinado y basado en la evaluación e investigación.
  7. El derecho a la prevención de la victimización primaria y secundaria.
  8. El derecho a la verdad y a la memoria.
  9. El derecho a la participación en las políticas asociadas a las víctimas de terrorismo.