La falta de credibilidad en sus testimonios, el fuerte deseo de deseabilidad social o las dificultades para la comprensión de la jerga utilizada en entornos judiciales y policiales son sólo algunas de las dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual implicadas en hechos delictivos que impiden el cumplimiento íntegro de sus derechos. Así lo recoge el informe realizado por Plena inclusión España, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”, que tiene por título A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España.
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