Media docena de denuncias policiales que implican en abusos sexuales a sacerdotes navarros han puesto en la encrucijada a las autoridades eclesiales. Las víctimas ya no tienen miedo y hablan claro.

En la reciente cumbre antipederastia, cita inédita, el Papa Francisco decidió obligar a partir de ahora al personal de la Santa Sede denunciar de oficio cualquier tipo de abusos hacia menores. Antes, ya expuso su perdón público e impuso una política de tolerancia cero, aunque algunos sociólogos, como Javier Elzo, exigen más pincel que brocha en este tipo de planteamientos y discriminar la gravedad de los delitos y las consecuencias de las penas. Hay que acabar con el silencio y el encubrimiento, rezan también las comunidades cristianas de base. Dichos mensajes, con sus matices y críticas también (unas víctimas creen que el Papa se quedó lejos de sus reivindicaciones y otros opinan que se pasó de frenada y que aceptar la crítica de las víctimas, no supone someterse a su autoridad) quedan muy lejos aún del sermón oficial que predica el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

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