El informe destaca que, a mayor número de agresores, menor es su edad: los casos con ocho y diez autores solo se han dado con menores de edad.
Las agresiones sexuales en grupo son «más hostiles» y utilizan mayor violencia física que las cometidas por un único agresor, según se desprende del estudio ‘Violencia sexual ejercida en grupo. Análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España’, del Ministerio del Interior.
El IES Mendillorri, el servicio jurídico SAM, la coordinadora Comfin y PSIMAE Instituto de Psicología Jurídica y Forense , reconocidos con la estatuilla en Civican.
Los “pequeños grandes gestos” por la erradicación de la violencia machista y el avance por la igualdad en la trayectoria de cuatro colectivos e instituciones se vieron reconocidos ayer por la mañana en un acto celebrado en el auditorio de Civican. Tanto Estrella Lamadrid, coordinadora de la Unidad de Violencia contra la Mujer en Navarra como Alicia Echeverría, delegada del Gobierno, glosaron ante el público los logros de las cuatro entidades reconocidas y les pidieron perserverar en esa filosofía cotidiana de luchar contra la violencia de género, cada uno en su ámbito, pero con un propósito común: que no haya ninguna más.
Esa investigación ha sido financiada por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El objetivo principal de este estudio es explorar las diferencias existentes entre los agresores sexuales que actúan en grupo en comparación con aquellos agresores que cometen el delito en solitario. Para ello, se cuenta con una muestra total de 233 agresores condenados a una pena de prisión por haber cometido un delito contra la libertad e indemnidad sexual. De la muestra, 18 agresores habían cometido la agresión de forma grupal (dos o más autores).
Los próximos días 12 y 15 de junio, la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, acogerá una nueva edición del Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica-AIPJ, un encuentro organizado por la AIPJ junto con la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España-AIPJE, el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana y la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, en colaboración con el Consejo General de la Psicología de España, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Católica de Valencia, la Unidad Psico-Jurídica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología-FIAP y la Psijus-Associação para a Intervenção Juspsicológica (Portugal).
Este importante encuentro interprofesional está dirigido tanto a profesionales, docentes, investigadores y alumnado del área de la Psicología Jurídica y Forense, como también a profesionales de los ámbitos del Trabajo Social, Educación, Derecho, Criminología, FFCCSS del Estado, etc.
Bajo el lema “Construyendo puentes entre la Psicología y la Justicia”, se abordarán, a través de diversas mesas redondas y talleres, diversas áreas temáticas de interés en el ámbito de la Psicología Jurídica y Forense, como son: la elaboración de informes periciales, la intervención en violencia de género y en casos de divorcios conflictivos, los procesos de mediación, la coordinación de parentalidad, la Psicología Forense en procesos penales y en el ámbito de familias, la intervención con víctimas y victimarios desde la perspectiva de la Neuropsicología Forense, así como con menores infractores o la Psicología del Tráfico y la Seguridad en el ámbito de la Psicología Jurídica, entre otros muchos.
Para hablarnos sobre este interesante Congreso, Infocop ha querido entrevistar al presidente de la AIPJ, el psicólogo José Antonio Echauri Tijeras.
Existe una amplia investigación internacional sobre la eficacia delos programas de tratamiento para agresores de pareja. En España, el Programa de Intervención con Agresores en Materia de Violencia de Género (PRIA) ha mostrado una tasa de reincidencia del 7% para aquellos usuarios que terminan el programa, índice similar al que ofrecen otros estudios internacionales. Uno de los factores que influyen en la eficacia del tratamiento es la finalización del programa.
8 de cada 10 sujetos que salieron de prisión en 2015 no han vuelto a reingresar por ningún delito cometido con posterioridad a la fecha de excarcelación, durante el periodo de seguimiento de 5 años (de 2015 a 31 de diciembre de 2019).
Respecto a las personas multirreincidentes, se ha detectado que el 8 % de personas son responsables del 80 % de las reincidencias.
No es fácil recuperar a un delincuente sexual antes de que pise de nuevo la calle. Es un proceso complejo, que se puede alargar durante casi dos años y que implica todo un descenso a los infiernos de los penados. Pero se puede. Lo sabe por experiencia Josean Echauri, fundador de Psimae –Instituto de Psicología Jurídica y Forense SLP–. Su equipo es el encargado de ejecutar el programa de tratamiento con agresores en el Centro Penitenciario de Pamplona. Terapias que, por lo general, dan buenos frutos. Según los datos manejados por Instituciones Penitenciarias, solo un 4,3% de los presos que han atentado contra la libertad sexual y que se someten a estos planes vuelven a cometer el mismo tipo de delitos.
Históricamente, la violencia y las adicciones han estado ligadas en el imaginario popular. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que certifique esta relación. Y yendo aún más lejos, mucha menos que avale el otro giro del boomerang: hasta qué punto ejercer la violencia o haberla sufrido puede llevar a una persona a caer en una adicción.
Alrededor de 350 presos condenados por agresión sexual se someten cada año a programas terapéuticos en las cárceles que buscan evitar que reincidan una vez salgan de prisión, un proceso que empieza con el reconocimiento del delito y una pregunta que se hacen todos ellos: ¿Por qué lo he hecho?.
«Esa es la pregunta que me hacen todos: Necesito que me ayudes a saber por qué he hecho eso'», explica Isabel (nombre ficticio), psicóloga de una prisión madrileña, en una entrevista con Efe, en la que explica que la clave para afrontar esta terapia pasa en primer lugar por el reconocimiento del delito cometido y la detección de los factores de riesgo.
En grupos de 20 personas y a través de sesiones conjuntas e individuales, esta psicóloga conduce a los presos por un largo y duro camino de dos años de duración en los que «metemos las manos en las tripas, las sacamos, hablamos del delito, confrontamos y luego las recomponemos y las volvemos a meter».
El riesgo de suicidio en prisión es ocho veces más elevado que en la calle. El sistema penitenciario, más reeducativo que terapéutico, no siempre responde a las necesidades de los presos enfermos y, tanto la reinserción como la recuperación, se enquistan.
No hay mucho lugar en prisión para la buena salud mental. La cárcel es, per se, “iatrogénica”, explican los expertos. Es decir, hostil y provoca efectos adversos indeseados: el choque emocional de entrar —con el aislamiento social, la reclusión obligada y la frustración que lo acompaña— favorece el debut de trastornos mentales o la exacerbación de los cuadros ya existentes. Todo juega en contra, explica Alfredo Calcedo, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal: “En un centro penitenciario hay unas normas regimentales que regulan la vida en prisión. Cuando hay alguien con un trastorno mental, no encaja porque la prisión es un sistema reeducativo, no de tratamiento de la salud mental. Y cuando uno no encaja, la respuesta es disciplinaria, no terapéutica. Y se atasca el problema”.
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