La Policía Foral ha percibido un aumento de los casos, tras denunciarse 39 el año pasado.

Las víctimas mayoritarias son chicas de 0 a 15 años agredidas por sus padres o padrastros.

Dolor, golpes, quemaduras o heridas en las zonas íntimas, ropa interior rasgada, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, miedo a estar sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de forma repentina, resistencia a desnudarse y bañarse o autolesiones o intentos de suicidio, conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad… Todos ellos son indicadores que pueden concurrir en menores víctimas de agresiones sexuales intrafamiliares, un problema que motivó el año pasado en Navarra 39 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el ámbito intrafamiliar, cifra que representa el 28% de todos los delitos sexuales denunciados el año pasado en la Comunidad Foral.

Son agresiones machistas de chicos que empiezan a tener sus primeras relaciones de pareja. Estamos hablando de jóvenes de entre 14 y 17 años.

Sólo tenía 16 años cuando comenzó su infierno. «Él tenía 25 años. Fue un maltrato psicológico, un maltrato sexual», cuenta una joven víctima de la violencia machista. Él le exigía tener relaciones sexuales, y ahora entiende que aquello era una violación

«Era mi obligación. Yo no lo consideraba violación porque él me hizo creer que era mi obligación y me forzaba físicamente a tener relaciones, a pesar de yo estar llorando y decirle que por favor parara, y no paraba», cuenta.

Después de tres años de malos tratos, dejó la relación. Equivocada, creyó que todo terminaría. Sin embargo, a día de hoy sigue temiendo por su vida. Una violenta relación que comenzó cuando era una niña y que se repite en cientos de adolescentes.

Sólo en Cataluña, las agresiones machistas en menores han aumentado un 45% en los dos últimos años. El incremento también se refleja entre los maltradores adolescentes. En 2016 hubo 177 chavales enjuiciados por este motivo. En 2017, la cifra llegaba a los 266.

Carmen Ruiz Repullo, socióloga y autora del estudio ‘Voces tras los datos’, sobre la violencia de género entre adolescentes, realizó más de 20 entrevistas a chicas maltratadas. Por Priscila Guilayn

P. ¿Es correcto echar la culpa de la violencia de género entre adolescentes a las nuevas tecnologías?

R. No creo que las nuevas tecnologías produzcan ni fomenten formas de violencia o desigualdad. Son un elemento más de la vida cotidiana. Si chicos y chicas tienen una relación sana entre iguales, las redes sociales no son un problema. El foco está en cómo educamos.

P. ¿Cuándo regalar un móvil?

No todo es educable. Tampoco todo se puede transformar por la terapéutica, sea esta farmacológica, quirúrgica o psicológica. Para determinar si un pensamiento, o una conducta, puede modificarse es necesario saber si provoca en el sujeto un malestar interior o solo teme las consecuencias que pueden llegarle desde el exterior. Esto tiene que ver con el proceso de constitución de la conciencia moral. El sentimiento de culpabilidad no es un punto de partida en la evolución del niño. Inicialmente solo renunciamos a los goces inadecuados en presencia de quien los prohíbe. Posteriormente interiorizamos la prohibición y nos hacemos vigilar y juzgar por nosotros mismos. A partir de ese momento, la culpabilidad nos acecha si pensamos o hacemos algo que juzgamos inadecuado. La culpabilidad es el factor que permite vivir una conducta, o un pensamiento, como un síntoma que genera sufrimiento y posibilita demandar un tratamiento con una autentica implicación ética por parte de quien lo padece.

Acabo de mencionar que podemos sentirnos culpables tanto de un acto como de un pensamiento. Pero no es lo mismo actuar que pensar. Esta es en realidad la diferencia entre pedofilia y pederastia, aunque se suelen presentar como equivalentes. Esta equivalencia está incluso presente, de algún modo, en las clasificaciones diagnósticas de los trastornos mentales. En el DSM-5, por ejemplo, el trastorno de pedofilia caracteriza tanto a quien abusa de menores como a quien siente deseos y tiene fantasías sexuales, con niños o niñas, que le provocan excitación sexual y le generan malestar. Pero son posiciones diferentes. Cuando se trata de pederastia se realiza el abuso sexual, y en los casos de pedofilia las fantasías y deseos pueden causar un malestar interno y no desembocar forzosamente en un acto de abuso. En realidad, esta es la diferencia entre perversión y neurosis.

Algunos individuos, sin que sepamos todavía muy bien por qué, presentan una inclinación a orientar su deseo sexual hacia niños, incluso de edad prepuberal. Serían los sujetos a los que conocemos como «pedófilos». La existencia de personas con esta característica ha sido bien documentada desde tiempos ya remotos, y en la actualidad hay plena constancia empírica de su presencia y distribución homogénea en todo el mundo. Es fundamental aclarar que la inclinación sexual pedófila no implica en absoluto una tendencia automática, mecánica e inexorable a convertirse en agresor sexual de menores. Al igual que un varón heterosexual convencional, atraído por mujeres adultas, no suele mutar esa atracción en violaciones u otro tipo cualquiera de ataque sexual. Los sujetos pedófilos no han elegido ni «decidido» en modo alguno ser así. Además, todos los estudios recientes coinciden en señalar que la mayor parte de los pedófilos han aprendido a vivir con esa inclinación, a controlarla y gestionarla sin daños a terceros. Son los menos aquellos que transitan desde la pedofilia (un modo peculiar de sentir el deseo sexual) a la pederastia, esto es, el ejercicio de prácticas de abuso sexual a niños valiéndose de la seducción, el engaño, el poder, formas de dominio o, directamente, de la violencia coercitiva. Múltiples estudios en la última década apuntan a la elevada probabilidad de que la pedofilia esté condicionada por ciertas peculiaridades: factores endocrinos intrauterinos, modificaciones inducidas por estrés en períodos madurativos críticos, particularidades estructurales y/o funcionales en las estructuras corticales prefrontales y límbicas del cerebro, etcétera. Pero la evidencia disponible todavía no es concluyente (entre otras razones, por las enormes dificultades metodológicas que implican ese tipo de investigaciones).

La directora del equipo de la Universidad de Barcelona que investiga a estas víctimas advierte a las familias de que es urgente el control de las redes de sus hijos.

Una menor de 12 años presuntamente violada por otros dos adolescentes que aún busca la policía en Madrid. A prisión un joven de 18 por agredir sexualmente a una chica de 14 con ayuda de otros en Algeciras. El caso de La Manada, la violación en grupo de una joven en los sanfermines de 2016, que está a la espera de sentencia firme… Las voces expertas explican que no hay datos que sostengan que ahora hay más casos que antes, pero sí que la sociedad está más preparada para detectarlos y denunciarlos. La profesora Noemí Pereda Beltrán (Barcelona, 1975), directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (Grevia) de la Universidad de Barcelona, advierte del peligro de un efecto contagio de estas agresiones en grupo  entre adolescentes «con rasgos vulnerables de conducta» . Y pide a las familias que pongan toda la atención: «Igual que los padres leen sobre nutrición, deberían aprender de las redes de sus hijos».

A la espera de la implantación de la Ley para la Protección de la Infancia, la actuación frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación sin seguimiento, estructura ni legislación efectiva.

Según los estudios recopilados por el Consejo de Europa (CE), uno de cada cinco niños es víctima de abusos sexuales. Las estadísticas, presentadas por diversas entidades como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la ONG Save the Children, revelan además que los menores sufren al menos el 50% de estos delitos sobre unas cifras subestimadas, puesto que apenas se denuncia el 15% de los casos. De ese 15%, el 70% nunca llega a juicio. A pesar de la dureza de esos datos, la falta de políticas de prevención, detección y denuncia eficaces sigue siendo el principal obstáculo para atajar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos, incluido el deportivo.

A la espera del desarrollo en 2019 de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia —cuyo Anteproyecto anunció el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018—, el único marco legal específico es el definido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del CE y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas en 2018 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación episódicas sin seguimiento, estructura, protocolo, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión queda en manos del coraje de los propios supervivientes.

El Gobierno eleva la edad en que empiezan a extinguirse los abusos de los 18 a los 30 años. Los menores de 14 no declararán más de una vez en el proceso judicial.

El plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores comenzará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora. Este es uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes en primera lectura. La medida responde a una de las principales peticiones de las víctimas de delitos sexuales, aunque las organizaciones de infancia habían solicitado que el tiempo comenzara a correr a los 50.

El texto recoge también que los menores de 14 años no tendrán que declarar más de una vez durante el proceso judicial, si bien las asociaciones habían pedido que esa eximente se extendiera hasta los 16. Además, el texto supone un cambio de paradigma y sitúa a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos subjetivos.

PAMPLONA- Lejos queda aquel pionero programa de 2005 cuando desde el Instituto de Psicología Jurídica y Forense Psimae atendieron a 49 maltratadores en su primer ejercicio. Ahora, en lo que llevamos de 2018, ya suman 205, la mayoría “maltratadores psicológicos, no menos dañinos, y otros físicos, de casos no de una violencia extrema o grave que suele llegar porque se le suspende la condena a condición de que nos visite”. Realizan tratamientos individualizados, a la carta, con una medida de duración de dos años.

Las redes sociales se han convertido en algo fundamental en nuestras vidas y una herramienta eficaz para estar informados y mantener el contacto con personas a las que no vemos. Sin embargo, cada vez está más claro que son un arma de doble filo. Aplicaciones como Whatssap o Instagram nos permiten controlar al minuto todo lo que hacen nuestros contactos, saber si están activos o en línea, a quién siguen, a quién dan un «like» o qué actividades realizan a través de sus «stories». Este medio de control absoluto se ha convertido en un arma letal en mano de los maltratadores juveniles.