En caso de que una menor esté sufriendo violencia de género en la relación de pareja es fundamental que los padres y madres acudan a asesorarse e informarse en servicios especializados en violencia de género, así como que estén preparados para ofrecer un apoyo y seguridad adecuados que ayuden a la menor a alejarse de la relación de violencia. Esta es una de las recomendaciones de la Guía de sensibilización y prevención sobre violencia de género dirigida a familias, cuya autora es Estela Pavón, publicada por el Gobierno de la Rioja.

Desde la Oficina de Víctimas se han activado hasta octubre 194 actuaciones, el 41% para menores de 30 años.

Las intervenciones psicológicas de urgencia realizadas por los especialistas que dependen de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, a través del gabinete de psicología jurídica y forense Psimae, han alcanzado en lo que va de año las 194 actuaciones, lo que supone un 40% más que las atendidas el año pasado durante el mismo periodo (de enero a 31 de octubre).

María, la madre de Ana, recuerda que “es durísimo ver a una hija sufrir”, pero valora su “mérito y valentía”

Ana, pamplonesa, de 19 años recién cumplidos, acudió en septiembre a comisaría a denunciar a su novio por malos tratos. Ahora ya tiene sentencia y respira feliz.

Descarga gratuita de la guía de comunicación responsable sobre el suicidio para todas aquellas personas que desean ser agentes de prevención. La guía realizada por las asociaciones «La Niña Amarilla», «AFASIB» y «Papageno» expone de manera sencilla, las recomendaciones basadas en las indicaciones internacionales para hablar del suicidio de forma preventiva y evitar el efecto contagio.

El documento está dirigido a profesionales de la comunicación, intervinientes de primera línea, profesionales de salud mental, testimonios en primera persona, partidos políticos, asociaciones y, en suma, la población en general y aquellas personas interesadas en mejorar su comunicación y prevenir este problema social en un momento en que la sociedad ha dicho «basta».

Con el lanzamiento de esta guía, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se da el primer paso de una campaña de marketing social dedicada a fomentar la empatía social con la finalidad de aumentar la alfabetización y acabar con el estigma y el tabú alrededor del suicidio y también de su duelo.

La irrupción de las redes sociales en la vida cotidiana ha fomentado de manera exponencial la violencia entre niños, niñas y adolescentes, siendo el maltrato psicológico, la violencia de género o el ciberbullying algunos de los riesgos más habituales dentro de la esfera digital.

Históricamente, la violencia y las adicciones han estado ligadas en el imaginario popular. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que certifique esta relación. Y yendo aún más lejos, mucha menos que avale el otro giro del boomerang: hasta qué punto ejercer la violencia o haberla sufrido puede llevar a una persona a caer en una adicción.

La educación afectivo-sexual ayuda a aumentar la autoestima de los menores, reduce el riesgo de sufrir violencia sexual y de contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre otros beneficios. Así lo reconoce Carmen Ruiz Repullo, docente en la Universidad de Jaén y socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, en esta entrevista.

La publicación, dirigida a adolescentes, tiene como finalidad ayudar a los jóvenes a identificar las situaciones de violencia y abuso verbal, emocional y físico en las relaciones, comprender los estereotipos y reglas sociales que subyacen a las relaciones de violencia y ayudarles a romper con relaciones violentas. También proporciona claves para que los amigos de los menores involucrados en una relación abusiva puedan prestar un adecuado apoyo.

Este real decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el establecimiento de los baremos aplicables, así como la determinación de los órganos competentes, todo ello con la finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.