A la espera de la implantación de la Ley para la Protección de la Infancia, la actuación frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación sin seguimiento, estructura ni legislación efectiva.

Según los estudios recopilados por el Consejo de Europa (CE), uno de cada cinco niños es víctima de abusos sexuales. Las estadísticas, presentadas por diversas entidades como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la ONG Save the Children, revelan además que los menores sufren al menos el 50% de estos delitos sobre unas cifras subestimadas, puesto que apenas se denuncia el 15% de los casos. De ese 15%, el 70% nunca llega a juicio. A pesar de la dureza de esos datos, la falta de políticas de prevención, detección y denuncia eficaces sigue siendo el principal obstáculo para atajar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos, incluido el deportivo.

A la espera del desarrollo en 2019 de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia —cuyo Anteproyecto anunció el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018—, el único marco legal específico es el definido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del CE y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas en 2018 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limita a campañas de concienciación episódicas sin seguimiento, estructura, protocolo, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión queda en manos del coraje de los propios supervivientes.

El Gobierno eleva la edad en que empiezan a extinguirse los abusos de los 18 a los 30 años. Los menores de 14 no declararán más de una vez en el proceso judicial.

El plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores comenzará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora. Este es uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes en primera lectura. La medida responde a una de las principales peticiones de las víctimas de delitos sexuales, aunque las organizaciones de infancia habían solicitado que el tiempo comenzara a correr a los 50.

El texto recoge también que los menores de 14 años no tendrán que declarar más de una vez durante el proceso judicial, si bien las asociaciones habían pedido que esa eximente se extendiera hasta los 16. Además, el texto supone un cambio de paradigma y sitúa a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos subjetivos.

El 62% de los homicidios son de hombres a hombres; el 28%, de hombres a mujeres; el 7%, de mujeres a hombres; y el 3%, de mujeres a mujeres

Ha sido “una tarea de amanuenses de monasterio”, asegura el psicólogo José Luis González. A lo largo de tres años, su equipo, compuesto por medio centenar de investigadores, ha obtenido los atestados policiales de 632 homicidios que estaban “criando polvo en las estanterías” de las comisarías provinciales y ha extraído decenas de variables nunca estudiadas. El resultado es “el primer informe nacional sobre el homicidio en España”, un análisis del Ministerio del Interior que aporta 85 páginas de datos a un fenómeno invadido por eslóganes alarmistas y proclamas racistas. “Esto es ciencia, no política”, sentencia González.

Juana Azcárate forma parte de un equipo de psicólogas contratadas por el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Se ocupan de la atención psicológica de las víctimas de delitos violentos: violencia de género y agresiones sexuales sobre todo (más de un 80% del total). También tratan a los agresores.

Su labor comienza con una llamada del 112, de las diferentes policías o colectivos de ayuda a mujeres. También desde Atención Primaria o Servicios Sociales, cuando los profesionales sospechan. Y por supuesto a partir de cualquier denuncia presentada, aunque “a veces llegan sin denunciar. Desde el primer momento les ayudamos a que se recuperen, a que vuelvan a ser independientes. Y las animamos a que denuncien para establecer una barrera con el agresor, pero no obligamos”, apunta Azcárate.

A Rocío López la apuñaló su novio hace 10 años. A Ana Orantes la quemó su ex marido hace 21. A Esther Ortí la tapió su esposo hace 7. Para sus vivos, el tiempo es una mentira. Viven, lloran y pelean, pero como si hoy fuera aquel día. Son el espejo de cuando la violencia de género mata más que a las muertas.

Entre 2012 y 2016 hubo en España 36 mujeres mayores que perdieron la vida a manos de sus maridos o ex maridos

Hoy sólo denuncian un 9%. Las que denunciaron hace décadas sufrieron la indiferencia tanto de las autoridades como de su entorno

Muchas siguen conviviendo con sus maltratadores y les cuidan en sus últimos años. Sienten que es muy tarde para ellas.

Es el eje principal de las ‘X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género’, que se celebran hasta este sábado en la capital navarra.

Las ‘X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género’, que se celebran desde este viernes hasta el sábado en la capital navarra y que reúnen a más de 200 profesionales de este sector, aborda, como eje principal, la intervención psicológica como facilitadora de los derechos de las víctimas.

En el acto, organizado por el Consejo de Colegios de la Psicología de España, se tratarán temáticas como las medias de protección en el ámbito jurídico, la atención integral en la violencia de género, la coeducación para la igualdad o el tratamiento informativo en los casos de violencia de género.

Las redes sociales se han convertido en algo fundamental en nuestras vidas y una herramienta eficaz para estar informados y mantener el contacto con personas a las que no vemos. Sin embargo, cada vez está más claro que son un arma de doble filo. Aplicaciones como Whatssap o Instagram nos permiten controlar al minuto todo lo que hacen nuestros contactos, saber si están activos o en línea, a quién siguen, a quién dan un «like» o qué actividades realizan a través de sus «stories». Este medio de control absoluto se ha convertido en un arma letal en mano de los maltratadores juveniles.

La cantidad de individuos detenidos en cárceles latinoamericanas ha ido aumentando en los últimos años. El perfil de la delincuencia femenina también se modificó. Sin embargo, la mujer sigue siendo la gran olvidada del sistema penitenciario hasta el punto de que en algunos países existen escasas cárceles exclusivas para mujeres, como en México o Colombia.

El bajo rendimiento del sistema penitenciario en la región refleja no es una inversión insuficiente (el gasto público en la administración de prisiones en la región es en 0,20% del PIB, se compara con el gasto en el  Reino Unido del 1% ), sino también la falta de información a la hora de diseñar políticas efectivas de prevención de la delincuencia y reinserción. En este contexto, resulta esencial indagar: ¿quiénes son las mujeres que están presas en América Latina?

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